Tras permanecer menos de una semana en sus puestos, la ministra de Educación del nuevo Gobierno peruano, Patricia Correa, y el titular de Cultura, Jair Pérez, presentaron sus cartas de “renuncia irrevocable” a sus respectivos cargos en protestas por los enfrentamientos entre la policía, el Ejército y vándalos que apoyan a Pedro Castillo, bajo arresto luego de dar un golpe de Estado que no prosperó tras no recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía.
En el documento dirigido a la presidente Dina Boluarte, Correa señaló que asumió el puesto para «garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos (…) dentro de los marcos democráticos e institucionales».
«Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas», señala la carta de renuncia.
Por ello, Correa indica que el país tiene «la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas».
Por otro lado, Jair Pérez precisó que, debido al saldo de los 20 fallecidos hasta el momento por las protestas en diferentes regiones del país, su permanencia en el cargo se ha vuelto insostenible.
«Los lamentables sucesos acontecidos en el país tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno», indica el documento también dirigido a Boluarte.
Un total de 20 personas han muerto durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, mientras rige el Estado de Emergencia a nivel nacional con un toque de queda en 15 provincias.
Un país polarizado
Boluarte, que asumió la presidencia por sucesión constitucional luego que Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso, enfrenta una crítica situación política y social en el Perú, país ya polarizado desde las elecciones generales 2021 que enfrentó a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Castillo, sindicalista vinculado a grupos subversivos y candidato del partido marxista leninista Perú Libre.
La victoria de Castillo, por una diferencia de 44 mil votos, inició una etapa de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues desde el primer día el gobierno izquierdista provocó a la derecha nombrando a personajes controversiales en el Gabinete Ministerial, como fue la designación de Guido Bellido, investigado por presunta apología al terrorismo, como presidente del Consejo de Ministros, y al octogenario Héctor Béjar, exguerrillero, admirador de Fidel Castro y líder del Ejército de Liberación Nacional, como ministro de Relaciones Exteriores.
Si bien el Congreso intentó destituirlo hasta en dos oportunidades, Castillo salió librado de las mociones de vacancia al no conseguirse los votos suficientes. Sin embargo, su decisión de cerrar inconstitucionalmente el Congreso y convocar a una Constituyente el pasado 7 de diciembre selló su destino y terminó detenido por los mismos agentes de la Policía Nacional del Perú que previamente eran sus custodios.
Este jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo. En su resolución, Checkley argumentó que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
De esta manera, el expresidente permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima.
Checkley también le impuso una fianza y restringió sus movimientos al expremier Aníbal Torres.
