El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, decidió retomar las facultades que le permiten administrar y controlar los precios en servicios domiciliarios como la electricidad. Petro asegura que la medida está dentro de sus atribuciones a pesar de que desde 1994 esas facultades están delegadas en comisiones independientes.
El mandatario colombiano aseguró que las funciones las asumirá temporalmente «en defensa del usuario»; sin embargo, la decisión se asemeja a la que tomó Hugo Chávez Frías en Venezuela cuando estatizó la electricidad, controló los precios del servicio y abandonó el sector, al punto en que desde hace una década hay apagones diarios en ese país.
La decisión de Petro arrojará graves consecuencias, no solo porque estaría controlando los precios de sectores que ameritan de inversión constante, sino que además se trata de la primera intención real del mandatario de controlar precios. Hoy se trata de los servicios públicos, mañana podrían ser otros productos como los alimentos.
Por su parte Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Adesco), manifestó su preocupación por las implicaciones que podría traer la decisión anunciada por Petro, sobre todo en materia de calidad en la prestación del servicio.
“Todos estamos de acuerdo en que hay que buscar salidas para el valor de la factura, que se ha disparado porque el impacto inflacionario para el productor está muy por encima de lo esperado, pero puede haber efectos irreparables y muy costosos al final de cuentas porque se daña la prestación del servicio”, comentó.
Dijo, además que “lo peor que le puede pasar al país es desaparecer la institucionalidad que ha funcionado y que se requiere”.
“Si el presidente dice que se baje el 10 o 20% (de la tarifa) lo que va a suceder es que se va a incumplir la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y por consiguiente el prejuicio se va a caer y muy seguramente en el mediano o corto plazo vamos a tener apagones en la costa”, agregó.
Agregó que al “cambiar las reglas del juego sin tener claros los efectos, simplemente se va perjudicar a los más pobres, porque vamos a disminuir la prestación de los servicios y la continuidad en muchos territorios colombianos”, sentenció.
¿Por qué controlar los precios ha sido históricamente un error?
Cuando se impone el precio de un producto o servicio se toman en cuenta tres factores: el costo de las materias primas usadas, los costos laborales y los márgenes de ganancia por unidad; esto significa que al establecer un máximo de precios no se toma en cuenta el aumento de esas materias primas, el aumento de salarios, ni se garantiza esa ganancia necesaria que permite seguir produciendo u operando.
Un límite máximo de precios reduciría la oferta ya que las empresas menos eficientes entrarían en pérdidas y cerrarían sus puertas o no producirían ese producto o servicio.
Lo que sucedió en países como Venezuela, fue que el régimen de Hugo Chávez decidió imponer un máximo en precios de servicios básicos y de alimentos; esto ocasionó que las empresas se vieran obligadas a dejar de producir o de operar generando una escasez generalizada.
En el caso de los servicios públicos sucedió algo similar. El régimen decidió estatizar servicios como el de la electricidad y con ello dejó en manos del sector público su administración. Lo que sucedió es que la corrupción fue corroyendo la industria eléctrica, resultando en graves fallas y apagones. La calidad del servicio desapareció y la contraloría también.
Al controlar los precios de la electricidad se impide que las empresas ejerzan sus funciones a cabalidad y eso al final derivará en fallas que le saldrán caro al país y al propio bolsillo de los colombianos.
