Cada semana Gustavo Petro protagoniza una polémica diferente. Desde su propuesta de legalizar las drogas y acabar con la explotación del petróleo, pasando luego por acusar a la oposición de querer propinarle un golpe de Estado blando, hasta organizar e impulsar una violenta marcha frente al Palacio de Justicia. Como si esto fuera poco, continúa insistiendo en su absurda reforma a la salud y ahora habla de una Asamblea Constituyente.
Todo indica que Petro también sería derrotado en esta nueva iniciativa como lo fue en las anteriores propuestas, pero eso no es lo relevante; Lo que al mandatario le interesa, su verdadera meta, no es que se aprueben las propuestas, sino mantener al país distraído con estas polémicas, y a cada sector dividido, luchando por defender sus propios espacios.
Cuando la sociedad responde, llevando a cabo manifestaciones masivas en las pricipales ciudades del país; o cuando los colombianos gritan «¡Fuera Petro!» en eventos culturales o deportivos, el presidente argumenta que «era un pequeño grupo», y los descalifica, acusándolos de querer defender los privilegios del pasado; no sin antes amenazar con llevar al país a la violencia.
Mientras todo esto ocurre, los colombianos reaccionan en las redes sociales, arremetiendo duramente contra Petro: que, si es un ignorante, que se la pasa borracho, que quiere destruir al país, que sigue siendo el guerrillero de siempre, que le entrega el país a los terroristas de las FARC y el ELN, etc. Pero a Petro no le afectan las críticas, siempre y cuando continúe ocupando el Palacio de Nariño.
Salvando las diferencias, lo que hace Petro actualmente es lo mismo que hacía Hugo Chávez en su momento y ahora Maduro en Venezuela, lo cual no es de extrañar, puesto que los mencionados han sido asesorados por los cubanos, expertos en mantener el control de la sociedad.
Lo que en realidad teme Gustavo Petro -y en lo que deberían estar concentrados los colombianos- es que lo destituyan, tal como ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Pedro Castillo en Perú.
Hay quienes piensan que un «impeachment» contra Petro es imposible, debido a la larga tradición institucional de Colombia. «Si a Ernesto Samper no lo destituyeron por el Proceso 8.000, mucho menos a Petro por la violación de los topes de financiación de su campaña electoral», dicen. Esta opinión es, sin duda, un autosaboteo.
Destituir al presidente no es un capricho de la oposición, ni un golpe, como él argumenta; sino un asunto de seguridad de Estado, porque Petro está destruyendo a Colombia, al igual que Chávez primero y Maduro después, acabaron con Venezuela.
Digamos que en el Congreso no se cuentan con los votos necesarios para destituirlo, en parte por el efecto de la «mermelada». Entonces los colombianos deben orientar todos sus esfuerzos a presionar al Congreso, para que este cumpla con su deber constitucional. Después de todo, la Carta Magna colombiana establece claramente la pérdida de la investidura, en caso de comprobarse la violación de los topes de gastos electorales. ¿O no?
Además, quienes revelaron estas violaciones no fueron los adversarios de Petro, sino sus aliados más cercanos, entre ellos, su propio hijo, Nicolás, Armando Benedetti y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Véanse en el espejo de Venezuela y confronten con lo que aún queda de las instituciones en Colombia.
