El régimen chavista ha pulverizado los salarios del trabajador promedio. En 23 años de pervivencia del sistema, Nicolás Maduro y Hugo Chávez acumulan en su historial de daños la poca honrosa acción de haber llevado a muchos de los sectores técnicos y profesionales de Venezuela a una situación casi rayana en la indigencia, mediante la destrucción de las remuneraciones salariales. No en vano muchos de los venezolanos que han dejado su país en los últimos años lo han hecho en gran medida porque, con una titulación profesional en mano, no ven posibilidad alguna de realizar un proyecto de vida sostenible en su patria.
En un país que atravesó grandes ciclos de protestas en años recientes, con la consabida represión que toda tiranía comunista entraña, las manifestaciones políticas en las calles de Venezuela parecían haberse evaporado. En este sentido el último gran “hito” de la oposición a Maduro, el llamado “Gobierno interino” que encabeza Juan Guaidó, tuvo su clímax cuando irrumpió en escena a comienzos del 2019; pero de ahí en más la iniciativa ha naufragado en medio del desencanto generalizado de una población que ha asumido que ni Guaidó tiene suficientes cañones para ser presidente en la vida real, ni el régimen chavista cederá por las buenas el poder, al menos no en lo inmediato.
Así, con la llegada de 2022 todo parecía perdido. Mientras Guaidó navegaba en la insignificancia y los partidos tradicionales de la oposición casi ni se sentían en los pocos medios de comunicación libres que aún perviven en Venezuela, un brote espontáneo de protestas de calle comenzó a emerger en la nación sudamericana en los últimos meses. El asunto es que no se trata esta vez de manifestaciones encabezadas por el liderazgo convencional, devenido de las formaciones políticas que dicen plantarle cara a Maduro desde el oficio de la política profesional. En cambio estos reclamos han estado protagonizados por líderes de base de diversos sectores laborales venezolanos, incluso de esos vinculados a la burocracia chavista.
Las manifestaciones de calle que han cobrado cuerpo en Venezuela desde hace unos dos meses a la fecha son enarboladas por maestros de escuela, profesores universitarios, enfermeras del menguado sistema de salud pública, trabajadores de ministerios del Estado, entre otras organizaciones donde hacen vida personas que necesitan un sueldo para procurarle la subsistencia a sus familias. La organización que han cobrado las mismas es sencillamente sorprendente, dado que su conducción no ha sido condicionada por un liderazgo único, sino que han funcionado más bien como exigencias generalizadas y arropadas por varios liderazgos de cada uno de los sectores que se manifiestan en las calles.
Quizá el gran punto de honor para los manifestantes ha sido enfilar las cargas contra un mecanismo aprobado por el Ministerio de Economía de Maduro. Se trata de una disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que recorta sustantivamente los beneficios salariales de los trabajadores del sector público, al hacer el cálculo de los beneficios que estos deben obtener sobre la base de un sueldo en bolívares que cada día se devalúa más, en medio de un contexto económico en el que la moneda que circula en las calles de Venezuela es el dólar americano.
La tentativa de imponer el mecanismo Onapre ha llevado a que sea el sector magisterial el que más combativamente haya insurgido contra el régimen. Con una frecuencia casi diaria los docentes, junto a otros trabajadores del Estado venezolano, han tomado en las últimas semanas las calles del centro de Caracas, alzando su voz frente a las dependencias chavistas que se ubican a pocas cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores. No es para menos, pues se estima que al día de hoy el sueldo básico de un maestro en Venezuela es de entre 50 y 60 euros.
Este drama se reproduce a toda escala en el magisterio, pues si esa es la realidad de los docentes que imparten lecciones de educación básica, los que cuentan con estudios de postgrado y se dedican a la educación superior en las golpeadas universidades del Estado venezolano tienen que vérselas con la cruda realidad de que el mecanismo Onapre no otorga remuneraciones de significación a quienes poseen estudios de especialización, máster o doctorado.
La voracidad del régimen chavista no es recriminada solamente por los maestros, pues el sector de los profesionales de la salud también acusa el golpe. Por ejemplo, el Colegio de Enfermeras de Caracas señala que la normativa actual de trabajo les lleva a percibir sueldos que no sobrepasan los 245 Bolívares al mes (cerca de 40 euros).
La nota curiosa en medio del surgimiento de este clima de protestas viene además, por el hecho de que los propios trabajadores del sector público identificados con el chavismo ha decidido abrazar las manifestaciones. Por ejemplo, el 21 de julio pasado, Ángel Castillo, un dirigente sindical del ultraizquierdista Partido Comunista de Venezuela fue detenido por unas horas por los cuerpos represivos de Maduro.
Este último hecho trasluce lo evidente: que la tiranía ha optado por enfocar su andamiaje represivo contra estos trabajadores que hoy se levantan en protesta, sin reparar en que incluso algunos de ellos forman parte del chavismo en sus estructuras de base.
Foro Penal, una ONG especializada en hacer seguimiento y defender a quienes han sido arrestados por razones políticas en Venezuela ha remarcado en su más reciente reporte que la persecución a dirigentes del sector de los trabajadores públicos se ha intensificado en gran medida en los últimos dos meses, al punto de que Maduro mantiene tras las rejas a al menos 7 líderes sindicales en este momento.
