Durante décadas, la izquierda argentina ha disfrutado de una «bomba atómica» para acallar toda crítica y justificar sus corrupciones y sus atropellos: los 30.000 «desaparecidos» cometidos por el Gobierno constitucional de los Perón (1973-1976) y la junta militar (1976-1983). El número de asesinados por la represión estatal, que incluye tanto a terroristas como a personas inocentes, es muy inferior, pero desde la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se ha convertido en un número intocable, que incluso aceptó el PRO, el partido de centro-derecha.
A los que ponen en duda esa verdad oficial las izquierdas les tratan de colgar el sambenito de «negacionistas», igual que hacen sus correligionarios en España con quienes refutan la «memoria histórica» que han pergeñado sobre la República, la guerra civil y el régimen franquista.
La verdad, como han demostrado con los datos oficiales, entre otros, el periodista Ceferino Reato y Graciela Fernández Mejide, madre de un estudiante secuestrado y asesinado durante la dictadura militar, es una cantidad muy inferior y en la que hay que añadir los homicidios cometidos por los diferentes grupos terroristas de izquierdas, contra civiles, militares, policías y hasta sus propios compañeros.
Ceferino Reato ha trabajado los registros públicos elaborados por el en 1984, 2006 y 2015. El último, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, lo publicó la secretaría de Derechos Humanos al final del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner. Las víctimas de la junta ascendieron a 6.348 «desaparecidos», más 952 ejecutados a la luz pública, mientras que los grupos guerrilleros mataron a 1.094 personas. «No hay modo de llegar a 30.000», dice Reato.
Otro escándalo conectado con la petrificación del número de «desaparecidos» es el del cobro de indemnizaciones. El Estado ha abonado miles de millones de pesos a supuestas víctimas que, en realidad, no lo eran. De esta manera, se han enriquecido muchos. Las izquierdas también consideran «negacionismo» las investigaciones de estas estafas.
Desde la restauración de la democracia, en 1983, ningún Gobierno ha elaborado un registro de víctimas de los Montoneros y el ERP. El censo más fiable es el redactado a partir de informaciones periodísticas, libros y entrevistas por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, dirigido por Villarruel.
En estos días, se ha sabido que uno de los jefes terroristas de los montoneros, Mario Firmenich, indultado dos veces por los presidentes Cámpora y Ménem, trabaja desde el año pasado como asesor del dictador nicaragüense Daniel Ortega, sin que a sus camaradas de izquierdas les indigne, porque Ortega está en el «lado bueno» de la historia. Firmenich jamás se ha arrepentido de los asesinatos y secuestros en que participó ni de haber convertido en terroristas a cientos de jóvenes.
