El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este martes un nuevo estado de excepción focalizado por la oleada de violencia por parte de grupos criminales, si bien el Tribunal Constitucional ya tumbó las declaraciones anteriores al señalar que no había presentado argumentos válidos para que fuera legal su establecimiento.
Las provincias afectadas por esta medida -la mayoría en el oeste del país- son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro. También afectará al cantón Camilo Ponce Enriquez de la provincia de Azuay. El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días y se aplica «por grave conmoción interna y conflicto armado interno», reza un comunicado.
Según la Presidencia, este decreto «cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas, institución que -en su calidad de observadora jurídica- elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional».
«Con esta decisión, Noboa fortalecerá las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país, especialmente en estos sectores», ha concluido.
El Constitucional tumbó los anteriores estados de excepción alegando que no tenían argumentos válidos para justificar la causa de conflicto armado interno. En esta ocasión, el documento de 49 páginas dedica las primeras 45 a la exposición de motivos, entre los que se incluye «el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados».
