El régimen de Daniel Ortega desplegó el año pasado una ofensiva feroz contra los católicos en Nicaragua. Ahora bien, con la llegada del 2023, el encono del sandinismo hacia sacerdotes, religiosas y fieles solamente se ha recrudecido, dando paso a un ambiente de absoluta represión a la libertad de culto. Así, quienes profesan el catolicismo se han transformado en el blanco principal de una operación destinada a desaparecer del mapa cualquier atisbo de resistencia al orteguismo.
El encarcelamiento y posterior condena a 27 años de cárcel del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, supuso una señal muy clara de Ortega a sus detractores, pero especialmente a aquellos que le hacen frente desde el campo de la fe religiosa.
En un escenario en el que los partidos políticos, los gremios y los sindicatos disidentes han sido perseguidos, infiltrados e incluso cancelados judicialmente, las congregaciones de corte católico-cristiano parecen haberse vuelto el último gran bastión de la disidencia al régimen.
A fin de cuentas el catolicismo es, de acuerdo a cifras oficiales, la religión mayoritaria en la nación hispanoamericana, siendo su Iglesia una de las instituciones que en general cuenta con mayores niveles de credibilidad. Se estima que al menos un 45% de los nicaragüenses son católicos. Si a esto se suma un porcentaje ligeramente menor de personas que practican algún tipo de protestantismo (como los evangélicos), se tiene que cerca del 90% de la población está inscrita dentro del marco de las religiones cristianas.
Recientemente, y en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, el régimen nicaragüense optó por intentar torcerle aún más el brazo a los católicos suprimiendo a nivel nacional la realización de las tradicionales procesiones donde miles de nicaragüenses expresan vivamente su fe de forma habitual.
En ese contexto la organización Monitoreo Azul y Blanco reseñó hasta 71 violaciones de Derechos Humanos entre el 1 y el 9 de abril en la nación centroamericana. Este reporte da cuenta de 14 amenazas, 9 hostigamientos, 21 detenciones y 25 asedios a templos católicos durante el período señalado.
De acuerdo a información recogida por la BBC, el régimen de Ortega ha estructurado una suerte de red ciudadana de espionaje a través de los llamados Consejos de Poder Ciudadano (CPC) que hacen vida en cada barrio del país. Los CPC llevan un registro pormenorizado de personas que son identificadas como católicos comprometidos, lo cual hace que las mismas sean vigiladas permanentemente, al tiempo que les imponen trabas para cualquier tipo de trámites que éstas pretendan hacer con el Estado (en cosas tan simples como tramitar documentos de identificación, por ejemplo).
Testimonios recogidos por dicho medio indican además que la prisión de monseñor Rolando Álvarez se ha convertido en un tema proscrito en los templos de todo el territorio nicaragüense, estando prohibido que los religiosos emitan algún tipo de opinión al respecto durante sus homilías.
La andanada de Ortega en contra de los católicos llevó a la detención el jueves pasado del periodista Victor Ticay, aprehendido por el simple hecho de transmitir una ceremonia religiosa a través de una cuenta en Facebook. Al día de hoy no hay información clara sobre el paradero y las condiciones de reclusión de Ticay.
La semana pasada el régimen de Ortega también optó por expulsar del país al sacerdote panameño Donancio Alarcón, luego de que éste oficiara una misa el lunes santo.
Aunque las personas que resultaron detenidas por el régimen durante la Semana Santa debieron ser presentadas ante la Justicia en un lapso máximo de 48 horas, a inicios de esta semana todavía se desconocía el paradero y el estado físico de la mayoría de ellas, por lo que los familiares de las mismas exigieron a la dictadura conocer dónde y cómo están. A esta altura ni Ortega ni ningún vocero oficial ha emitido pronunciamiento alguno sobre este particular.
