La decisión de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral de solicitar esta semana una acusación formal contra Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de su campaña ha detonado una nueva operación de victimización del mandatario colombiano, quien afirma, otra vez, que está siendo objeto de un intento de golpe de Estado.
«Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia (…) Ha comenzado el golpe blando«, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.
Estos señalamientos provienen de un escándalo suscitado el año pasado. Day Vásquez, exmujer de su hijo Nicolás Petro, denunció entonces que la campaña del hoy presidente colombiano había estado signada por la recepción de dinero que no fue declarado ante las autoridades y que incluso provenía de oscuros personajes ligados al mundo del narcotráfico colombiano.
Dicho caso mantiene en el ojo del huracán a Nicolás Petro, quien actualmente enfrenta un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A finales de abril la Fiscalía de Colombia informó que incluso solicitará que Petro, que actualmente hace frente al juicio en libertad condicional, sea llevado preventivamente a una cárcel dada la gravedad de dichos delitos.
El victimismo como política
No es primera vez que aparece en escena la narrativa victimista de Gustavo Petro. Muy a la usanza de la izquierda iberoamericana en los últimos años, el mandatario colombiano ha optado por probar la ruta «Kirchner» del martirologio para presentarse ante el público como una pobre víctima de los intentos de politización de la Justicia en su contra, o lo que es lo mismo, de «lawfare».
En febrero pasado, en un contexto en el que ya se asomaba el fracaso de las reformas promovidas por el petrismo en el Parlamento, al jefe de Estado colombiano no se le ocurrió una mejor idea que emprenderla en contra de los medios de comunicación y algunas instituciones del Estado, señalando la existencia de una «guerra jurídica» en su contra.
«Intentan construir (los medios y los poderes públicos) lo que se llama el ‘lawfare’ (guerra jurídica), es decir que la Justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al Gobierno mismo», dijo Petro en X en aquella ocasión.
