En el mundo hay muchas ciudades. Esta es la premisa con la que las Naciones Unidas plantea el undécimo punto de su Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la Agencia para el Desarrollo de la ONU, «las ciudades y las áreas metropolitanas representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos». Todo un drama para la ONU.
Con el objetivo de acabar con esta desordenada urbanización, que «está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados», la ONU ha diseñado algunas líneas maestras en su undécimo de los 17 desafíos que la organización internacional se ha propuesto resolver. Indagar sobre ello se ha vuelto urgente, ya que en España tenemos un Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, capitaneado por Pablo Bustinduy.
Empecemos, como siempre, reconociendo la verdad: el diagnóstico de la ONU es acertado porque los campos cada año están más vacíos y las ciudades más aglutinadas. Con grandes porcentajes de densidad poblacional, las áreas rurales del mundo civilizado siguen siendo remansos de paz, a falta de una población joven que revitalice dichas entornos. Muchas veces por falta de recursos, sólo accesibles en las grandes metrópolis, el mundo rural queda relegado al ostracismo.
Hasta aquí sólo podemos estar de acuerdo y celebrar la urgente preocupación de la ONU. Es verdad, como apunta la Agenda 2030, que «en 2022, solo la mitad de la población urbana mundial tenía acceso al transporte público. El crecimiento urbano descontrolado, la contaminación atmosférica y la escasez de espacios públicos abiertos persisten en las ciudades». Pero no es verdad que la solución pase por acabar con las ciudades a base de imposiciones.
Es en este punto donde llega la trampa. Según la agenda ideológica, «los esfuerzos deben centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible que den prioridad al acceso a los servicios básicos, a la vivienda a precios asequibles, al transporte eficiente y a los espacios verdes para todo el mundo». Trampa. La primera de otras muchas, porque los esfuerzos por mejorar el acceso a los servicios y la sostenibilidad de las ciudades no pasan por la imposición de políticas públicas, pese a que Almeida esté encantado.
«Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países» no se vuelve, por tanto, una necesidad, sino una imposición. Porque cuando la ONU habla de «planificación», uno debe encender todas las alarmas. Una trampa que va acompañada de otras de las metas específicas: «De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades».
La trampa, por tanto, es doble: la Agenda 2030 no sólo pretende acabar con el modelo de ciudad, sino relegar el campo a la ignorancia. No pretende llevar lo mejor del mundo rural a los grandes núcleos de población, sino imponer desde sus élites una estrecha forma de organización. Por no hablar, claro, del derecho a los parques: «De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños». Debemos celebrar que por lo menos no incluyan a los perros.
