Secuestros, palizas y un proceso de venta de esclavos ‘estatal’. Las Primaveras Árabes dejaron un país colapsado y sin ninguna institución estable y legítima.
«200 euros los más débiles, los otros te los dejo en 500». Secuestrados y vendidos como esclavos, este es el destino final de muchas de las personas que llegan a la zona para cruzar el mar Mediterráneo atraídas por las ofertas de las mafias migratorias que operan con total libertad en aquel país que un día se llamó Libia, hoy convertido en una extensión de terreno sin orden ni gobierno.
La BBC ha puesto en evidencia la realidad que se vive en Libia, donde las autoridades europeas se han demostrado incapaces de fijar un rumbo para ayudar a encauzar la situación del país, donde dos parlamentos conviven sin legitimidad alguna y los señores de la guerra han tomado posiciones en las principales ciudades. Durante años, los ciudadanos que han intentado cruzar al Mediterráneo sufrieron el horror en sus carnes palizas, secuestros y hasta la esclavización.
Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de patrulleras europeas.
Un informe de la Organización Internacional de las Migraciones, agencia que pertenece a las Naciones Unidas, alertó de la existencia de “mercados de esclavos” en Libia, donde se “venden como mercancía” inmigrantes indocumentados y refugiados que llegan desde los países subsaharianos.
“Lo que nos preocupa es que los migrantes son vendidos. Vender seres humanos se ha convertido en una tendencia entre traficantes a medida que las redes de las mafias se han reforzado cada vez más en Libia”, señaló en rueda de prensa el jefe de misión de la OIM para ese país, Othman Belbesi.
Conviene, no obstante, echar la vista atrás para entender la situación en Libia y la responsabilidad de diferentes organismos internacionales -incluida la propia ONU-.
La intervención en Siria
En octubre de 2011, el exlíder libio Muamar Gadafi fue capturado y golpeado hasta la muerte por una turba de rebeldes después de que un ataque aéreo de la OTAN acabará con su caravana fuera de su ciudad natal de Sirte.
Al día siguiente, su cadáver, cubierto de sangre, fue trasladado a Misrata, donde fue expuesto durante casi cuatro días en un refrigerador industrial. Mientras tanto, las imágenes de su cuerpo daban la vuelta al mundo con especial repercusión en Estados Unidos, país que encabezó la campaña aérea de la OTAN para expulsar a Gadafi del poder.
Los líderes occidentales, sobre todo de Francia y Reino Unido, aplaudieron su muerte y la «nueva página» que se abría en la vida del país, mientras que la entonces secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó al respecto en tono de mofa: «Vinimos, vimos y él murió».
Más de seis años después, la percepción parece haber cambiado: en abril de 2016, el por aquel entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, admitió que su mayor fracaso como presidente fue no pensar en las consecuencias de la intervención en Libia, después de la cual el país se vio sumido en el caos.
Investigación en marcha
El Gobierno libio en Trípoli respaldado por la ONU ha ordenado la apertura de una investigación sobre el reportaje de televisión acerca de la venta de inmigrantes subsaharianos en una subasta en un barrio del sur de la capital.
Fuentes próximas a ese Ejecutivo, que controla apenas un 25 por ciento de Libia, aseguraron que algunas responsabilidades ya han sido depuradas e insistieron en que se llevará ante la justicia a los responsables de un acto inhumano que recuerda a los años de la venta de esclavos en el continente africano.
El viceprimer ministro del llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, Ahmed Maitig, expresó en la red social Facebook «su tristeza» al respecto y confirmó que ha encargado a una comisión investigar el asunto, «con el fin de capturar y someter a los responsables a la justicia».
Más combativo, el portavoz de las Fuerzas Navales libias, general Kasem Ayub, instó a escuchar a todas las partes implicadas en el problema de la inmigración irregular en Libia, ya que, en su opinión, el fenómeno es mucho más complejo, con numerosos ángulos.
Mientras, el ministro de Justicia, Mohamed Abdelwahed, manifestó sus dudas sobre la veracidad de las imágenes difundidas hace una semana por la cadena estadounidense CNN e insistió en que, en caso de que sean reales, «esas personas y milicias no representan al Estado».
«El Código Penal de Libia castiga estos actos con pena de prisión de al menos cinco años», recordó.
En la misma línea se pronunció un portavoz del departamento de Exteriores, quien dijo a medios locales que «todo el mundo sabe que en los últimos años varios vídeos difundidos en canales internacionales resultaron ser falsos».
Las imágenes, en las que se ve a un hombre que pone precio a un grupo de subsaharianos y después explica a la periodista infiltrada cómo se realiza el procedimiento, han desatado una ola de protestas en toda África.
Gobiernos como los de Mali y Níger, países fronterizos con Libia, han exigido a las autoridades en Trípoli disculpas y una investigación que sirva para acabar con lo que parece una práctica habitual en varias zonas del país.
