El Consejo de Ministros presidido por Justin Trudeau aprobará próximamente la legislación que han bautizado como «Ley de protección contra daños online» o Ley C63. Se trata de una legislación federal, que se aplicará en todo el país como ya adelantó LA GACETA hace dos semanas. El Partido Liberal —el de Trudeau— la justificaba como una herramienta dirigida a proteger la seguridad de los niños que navegan en Internet. También como mecanismo de prohibición del intercambio de imágenes íntimas de menores en la red.
Sin embargo, la ley contiene multitud de artículos que permitirán al Ejecutivo perseguir todo tipo de discursos que los legisladores del Partido Liberal consideren dañino. Se citan como ejemplos los que hagan referencia a la inmigración ilegal o el lobby LGTBI. Ahora, varios medios estadounidenses desvelan que la norma permite decretar arresto domiciliario incluso de por vida a los condenados por «delitos de expresión». La decisión la tomará un juez. Otras penas que se contemplan son las multas que pueden llegar a 20.000 dólares canadienses para las supuestas víctimas y hasta 50.000 para el Estado.
Según los mismos medios la ley C63 aumentaría la pena máxima por defender genocidios de cinco años hasta cadena perpetua. La «promoción deliberada del odio» puede costar de dos años a cinco. Será necesaria para la condena una acusación previa aunque ni siquiera tiene que presentarla la supuesta víctima. Cualquier ciudadano anónimo podrá hacer denuncias de «delitos de odio».
Trudeau prometió por primera esta ley en campaña electoral en 2019, aunque las elecciones anticipadas de 2021 impidieron a su Ejecutivo culminarla. El Primer Ministro de Canadá también fue acusado en enero por el juez federal Richard Mosley de extralimitarse en sus funciones. En concreto, al decretar a principios de 2022 la Ley de Emergencias para finalizar las protestas del llamado ‘Convoy de la libertad’, que salió a las calles para manifestarse contra las restricciones impuestas por la COVID-19.
