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SU GOBIERNO HA SIDO MULTADO POR BLOQUEAR A PERIODISTAS

Trudeau se une a Scholz y aprueba una ley para perseguir opiniones críticas: «Es el peor proyecto de censura visto en el mundo libre»

Justin Trudeau. Europa Press.
Justin Trudeau. Europa Press.

El derecho a la libertad de expresión cada vez se persigue de forma más feroz por gobiernos presuntamente democráticos en todo el mundo. Tras aprobar el Gobierno de Olaf Scholz una ley ad hoc para perseguir al partido soberanista Alternativa para Alemania (AfD) este pasado mes de febrero que incluía la posibilidad de multar a quienes se burlaran en las redes sociales del Ejecutivo alemán, ahora llega el turno del Gobierno ‘progresista’ de Canadá.

El Consejo de Ministros presidido por Justin Trudeau ya tiene lista la legislación que han bautizado como «Ley de protección contra daños online». Se trata de una legislación federal, que se aplicará en todo el país y cuya aprobación el Partido Liberal —el de Trudeau— ha justificado como una herramienta dirigida a proteger la seguridad de los niños que navegan en Internet y como mecanismo de prohibición del intercambio de imágenes íntimas de menores en la red.

Sin embargo, la nueva norma supone de facto la creación de un regulador que supervisaría la conducta en las plataformas de Internet persiguiendo todo tipo de discursos que los legisladores del Partido Liberal puedan considerar dañinas, como por ejemplo las que hagan referencia a la inmigración ilegal o el lobby LGTBI.

De esta forma, según la ley, las propias plataformas de streaming y las redes sociales, serán legalmente las encargadas de regular los ‘discursos de odio’. Después, su moderación de los contenidos será auditada por mencionado regulador, que será bautizado como organismo de ‘seguridad digital’ para asegurarse de que no han permitido opiniones que el Gobierno considera radicales en su proyecto de ley.

La normativa contempla cuantiosas sanciones por hacer comentarios que el organismo de control designado por el Gobierno con personas afines considere culpables de «fomentar el odio o la difamación de un individuo o grupo». Por ejemplo, por hacer comentarios críticos sobre hombres trans cambiándose en vestuarios femeninos, las multas pueden llegar a 20.000 dólares canadienses para las supuestas víctimas, y hasta 50.000 para el Estado. Además, la denuncia podrá hacerla cualquier ciudadano anónimo, ni siquiera será necesario que provenga de quien se considere afectado.

La semana pasada el propio Trudeau, a preguntas de periodistas, afirmó que su Gobierno «se centrará en hacer que Internet sea más seguro para los menores, pero sin censurarlo para el resto de los canadienses». Sin embargo, la preocupación por la nueva normativa entre las empresas afectadas y los ciudadanos ha provocado una avalancha de peticiones al Defensor del Pueblo canadiense para que analice si la nueva ley supone una violación del derecho a la libertad de expresión.

Esta no es una iniciativa nueva para Trudeau. El Primer Ministro prometió por primera vez en campaña electoral una ley contra los discursos de odio online en 2019, aunque las elecciones anticipadas de 2021 impidieron que su Ejecutivo culminara el proyecto.

Aunque no todo son malas noticias para la libertad de expresión en Canadá. La Corte Federal ha condenado al ministro de Medio Ambiente de Trudeau y a dos altos cargos de su Ministerio a pagar 1.750 dólares canadiense como indemnización al periodista Ezra Levant, al que habían bloqueado en X (Twitter).

Levant es el fundador del periódico online Rebel News, un medio conservador que no recibe ningún tipo de financiación pública y que se ha mostrado muy crítico con el Gobierno, especialmente con el proyecto ya mencionado de «Ley de protección contra daños online», al que el diario ha calificado como «el peor proyecto de censura jamás visto en el mundo libre». Los tres miembros del partido liberal también deberán desbloquear en X al periodista, además de pagarle la cantidad establecida por «haberlo privado de acceder a actualizaciones importantes. Esa acción supuso una expulsión de facto de un espacio público vital como lo son hoy las redes sociales», según recoge el fallo judicial.

El propio periodista explicaba hace cuatro días en su cuenta de Twitter que ya había sido indemnizado y que los cargos multados tenían prohibido volver a bloquear su cuenta durante el resto de sus carreras, aunque denunciaba que el Ministerio hubiera pagado la multa con el dinero de los contribuyentes.

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