La juez Chutkan, que fue designada por el expresidente Barack Obama, ha ordenado al Gobierno de Trump que facilite a la joven abortar
Una juez de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, ha ordenado a la administración Trump que permita abortar a una inmigrante ilegal de diecisiete años que lo había solicitado días atrás. La joven, que llegó a Estados Unidos cruzando la frontera mejicana de modo irregular, se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades federales.
Durante la vista judicial, que ha tenido lugar en la corte del distrito de Columbia, la magistrada Chutkan se ha mostrado ‘asombrada’ por las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense, que, convencido de que no se trata de un derecho fundamental, se ha afanado en impedir que la joven hispanoamericana acceda a la eufemísticamente llamada ‘interrupción voluntaria del embarazo’.
De esta manera, la juez Chutkan, que fue designada por el expresidente Barack Obama, ha manifestado su rechazo a la situación en que la administración, con su decisión, había dejado a la inmigrante: o bien obligada a salir de Estados Unidos para abortar, o bien forzada a continuar con ese embarazo que percibe como una onerosa carga. No obstante, lo cierto es que los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar su posición eran de absoluto sentido común: una inmigrante ilegal bajo custodia federal carece de derecho constitucional a abortar si no es un caso de emergencia médica.
El encargado de explicar la postura de la administración en la vista ha sido el congresista y asistente del fiscal general Scott Stewart, quien ha expuesto las dramáticas consecuencias que entrañaría autorizar el aborto de la joven: ‘infringiría significativamente los intereses del Gobierno en la preservación de la vida y en la protección a las fronteras nacionales’. En este sentido, ha señalado lo evidente: que el Gobierno tiene ‘fuertes y constitucionalmente legítimos intereses en promover la natalidad, en mostrarse reticente a facilitar abortos y en no incentivar a menores de edad embarazadas a cruzar la frontera para obtener abortos’.
En cualquier caso, la juez, quizá influida por premisas ideológicas, ha desoído la argumentación de los representantes del Gobierno y ha ordenado a éste transportar a la adolescente para que sea sometida al procedimiento o permitir que un tutor la lleve ‘con prontitud y sin demora’ a un hospital donde pueda abortar.
El Gobierno de Trump, comprometido con la defensa de la vida
Esta controversia entre la administración y la juez designada por Obama ha llegado inmediatamente después de la publicación de un borrador del Plan Estratégico para 2018-2022 del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En él, se afirmaba el compromiso del Gobierno de Estados Unidos con la protección de la vida ‘desde la concepción hasta la muerte natural’, lo que, además de revelar una postura contraria al aborto, refleja una evidente oposición a la eutanasia.
El Gobierno de Trump, desde el mismo inicio de la legislatura, ha venido adoptando medidas encaminadas a proteger el derecho a la vida del no nacido. No en vano, en el mes de enero recuperó la conocida ‘política de Ciudad de Méjico’, que impide financiar con fondos públicos a onegés que practiquen abortos – o asesoren sobre esta realidad – en países foráneos.
Asimismo, allá por el mes de abril, la nueva administración dedicó cortar la financiación al Fondo de Población de la ONU, una institución neomalthusiana que promueve el aborto como método anticonceptivo.
