La coalición de gobierno en los Países Bajos se ha roto a causa de los desacuerdos en la política de asilo. Los cuatro partidos de centroderecha —aunque habría mucho que hablar sobre esta etiqueta— discrepaban sobre los límites que habían de imponerse a la reagrupación familiar de los asilados. Este derecho ha sido, en general, una de las puertas de entrada de centenares de miles de extranjeros en toda la Unión Europea. El familiar cuya reagrupación se acuerda no sufre, como sí le sucede a la persona a la que se concede asilo, fundados temores a ser objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Se trata, más bien, de que el asilado no padezca la separación de su familia como consecuencia de la persecución o del temor de sufrirla. En la práctica, la propia institución del asilo político se ha utilizado con tanta flexibilidad que ha terminado, de alguna manera, desvirtuado. Algo similar le ha sucedido a la reagrupación familiar.
Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, quería imponer un límite al número de personas reagrupadas al mes y un periodo de espera de dos años antes de poder viajar a los Países Bajos para reunirse con el beneficiario del asilo político. Por aquí no han pasado ni los liberales de izquierda del partido D66 ni la Unión Cristiana, que sostiene que la familia debe estar unida. Sólo los democristianos de la CDA aceptaron la propuesta del primer ministro. La coalición, que ha gobernado un año y 178 días, ha acabado rota. Es el tercer gobierno de Rutte que no logra agotar su mandato. Según se ha anunciado, las elecciones serán en otoño.
En realidad, Rutte no ha sido una víctima, sino uno de los grandes artífices de la situación que ahora atraviesan los Países Bajos, donde las restricciones impuestas desde la pandemia y las medidas contra los granjeros provocaron protestas multitudinarias. Rutte ha sido, más bien, un alumno aventajado de los grandes centros de poder del globalismo; por ejemplo el Foro Económico Mundial. Al verlo conduciendo su viejo Saab y dando sus clases como profesor de Ciencias Sociales en un instituto de secundaria, que mantuvo siendo primer ministro, nadie pensaría que se trata de uno de los principales agentes del globalismo en los Países Bajos. Aparente liberal cuando se trataba de recortes presupuestarios impuestos por la UE —esto le llevó a la ruptura con el partido de Geert Wilders— podía ser progresista si se trataba de defender la imposición de cuotas de inmigrantes a Hungría y a Polonia. Hace menos de dos semanas acusaba a los dos países centroeuropeos de comportarse como «bebés que arrojan los juguetes de la caja porque están enfadados».
Sin embargo, el deterioro de los Países Bajos salta a ojos vista. Ya no se trata sólo de la pobreza a la que se condena a los granjeros ni de la cuestión de los «refugiados» —término que hoy engloba muchas situaciones distintas incluidas las de inmigración económica— cuyas necesidades de vivienda condicionan la acción de gobierno, sino de otros problemas que inciden en el orden público. Así sucede, por ejemplo, con la Mocro Maffia, la organización criminal formada por neerlandeses de origen marroquí que controla el tráfico de cocaína en los Países Bajos y en Bélgica. Por Rotterdam y Amberes pasa el 80% de Doña Blanca derechita al resto del continente. El asesinato de Peter R. de Vries, periodista de investigación, trajo los peores recuerdos de otros asesinatos cometidos a comienzos de siglo: Pim Fortuyn (2001), tiroteado por Volkert van der Graaf, activista por los derechos de los animales, y el de The van Gogh (2004), apuñalado por Mohammed Bouyeri, islamista neerlandés de origen marroquí.
Los servicios de inteligencia neerlandeses (AIVA), en su informe de 2022, consideran que «el yihadismo global todavía constituye la amenaza terrorista más significativa contra los Países Bajos. El movimiento se compone de organizaciones terroristas conocidas como Al Qaeda e ISIS y grupos vinculados, redes y partidarios por todo el mundo incluidos los Países Bajos». Los servicios de inteligencia ponen como ejemplo la detención en diciembre de 2022 de un joven sirio de 20 años sospechoso de preparar un atentado terrorista y advierten del peligro de los terroristas que operan en solitario.
La política de inmigración y la transición a la «economía verde» —con sus paquetes de medidas económicas, políticas y sociales— son quizás las dos cuestiones que más dividen a las sociedades europeas. Los sucesos de estos días en Francia constatan el fracaso del modelo multicultural que, durante décadas, los gobiernos europeos fomentaron. Los Países Bajos, por cierto, estuvieron entre los pioneros junto con Bélgica y los escandinavos. Esto ha conducido a la creación de barrios marginales —las banlieues», por ejemplo— donde florece el resentimiento. Nos daría para muchas otras columnas analizar las raíces de este malestar y hasta qué punto se puede acusar a las sociedades europeas de «racismo», pero parece claro que esta etiqueta está perdiendo su poder disuasorio. Ya son un clamor las críticas a las políticas de inmigración surgidas de los foros globalistas y aplicadas por la Comisión Europea y otras instancias internacionales.
A ver qué sucede en otoño.
