Desde que estaba en campaña electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, insistió en que las Zonas de Empleos y Desarrollo Económico (ZEDE) debían eliminarse.
Las ZEDE son áreas del territorio nacional hondureño –sujetas a un «régimen especial», basado en incentivos legales, económicos y fiscales, con el fin de atraer inversión extranjera– las cuales fueron aprobadas durante la gestión del presidente Porfirio Lobo.
Para analistas políticos, académicos, sectores empresariales y constitucionalistas, las ZEDE fueron aprobadas de una manera indebida; incluso, la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) luego de un profundo análisis jurídico hizo críticas al respecto, alegando que no se cumplió con los preceptos establecidos en la Constitución del país centroamericano. Sin embargo, la COHEP no propuso su eliminación, sino su rectificación para de esta forma proteger las inversiones y garantizar los puestos de empleo existentes.
La argumentación de Xiomara Castro para eliminar las ZEDE estuvo basada en la inconstitucionalidad de las mismas y en la cesión de la soberanía nacional en estas áreas; pero en realidad las motivaciones son otras, son políticas e ideológicas, muy distintas a las argumentadas.
Y es que si Xiomara Castro estaba genuinamente preocupada por las fallas constitucionales y por la violación de la soberanía hondureña, el Congreso estaba dispuesto a hacer las reformas pertinentes sin perjudicar las inversiones privadas. Sin embargo, la presidente Castro insistió, logrando finalmente la eliminación de las mismas.
Recordemos que el programa de gobierno que el partido Libre y Xiomara Castro presentaran durante la campaña electoral se enfoca en la centralización y el control de la economía. Las ZEDE fueron un blanco fácil de golpear -justamente por sus fallas originarias-, pero el objetivo subyacente no es otro que ir debilitando paulatinamente al sector privado, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela y de esta manera obtener, cada vez, mayor poder.
Hoy, Xiomara Castro comienza por la eliminación de las ZEDE, pero irá avanzando progresivamente hacia otros sectores de la economía, para lo cual siempre encontrará argumentos y excusas. Sirva como ejemplo la industria eléctrica, sobre la cual está imponiendo enormes cargas con el justificativo de subsidiar a los pobres.
El pasado 31 de enero, la presidente de Honduras envió al Congreso Nacional un proyecto que fue aprobado tres días más tarde. ¿El objetivo? Eximir el pago de energía eléctrica a 1,3 millones de hogares que consumen menos de 150 kW. Esta es apenas una de las 21 medidas populistas anunciadas por Xiomara Castro en su toma de posesión.
Los subsidios populistas, así como la falta de garantías para el sector privado, terminarán por perjudicar la economía hondureña y, por tanto, empeorar las condiciones de los pobres que Libre y Castro aseguran defender. El modelo lo conocemos, porque se hizo exactamente lo mismo en Venezuela y los resultados…están a la vista.
