En el edificio donde se ubican las nuevas oficinas de la Dirección Auxilio Judicial, el tenebroso órgano de “investigación” de la Policía Nacional que dirige el consuegro de Daniel Ortega, Francisco Díaz, serán “enjuiciados” los presos políticos detenidos durante la última ola de arrestos que inició en mayo.
Los juicios iniciaron este martes 1 de febrero, no serán públicos, se efectuarán en un lugar cerrado y fuera del recinto de los tribunales de justicia, contrario a lo que corresponde. La Fiscalía anunció el comienzo de los juicios para los 46 reos de conciencia, incluido los siete aspirantes presidenciales, detenidos en la etapa de arrestos que abarcó de mayo a noviembre de 2021.
Los juicios serán con base a las leyes aprobadas por la prosandinista Asamblea Nacional a finales de 2020, precisamente para reprimir a la oposición. Se trata de la Ley 1055, de Seguridad Soberana y la Ley de Agentes Extranjeros. Las leyes fueron aprobadas en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega se declaró “ganador”, en medio del fraude electoral, y con resultados desconocidos por la comunidad internacional.
Todo indica que serán condenados en total indefensión, ilegalmente encarcelados fuera del plazo máximo de 90 días que establece la ley a las autoridades para detener a una persona e investigar, según la reforma al Código Procesal Penal realizada en febrero de 2021, que permite la detención de una persona durante el periodo de 15 a 90 días mientras se realiza la investigación de un presunto delito.
La mayoría de los reos de conciencia tienen más de 90 días en la cárcel. Uno de los casos con mayor tiempo de cárcel y clara violación a los derechos humanos es el del académico y ex aspirante presidencial Arturo Cruz, que lleva ocho meses tras las rejas de manera ilegal. En El Chipote los presos políticos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas.
El exembajador, abogado y académico Roger Guevara Mena, explicó porque los juicios deben ser de orden público. “La publicidad garantiza la imparcialidad de las decisiones y el sometimiento de la Ley. El hecho de realizarse en un lugar separado y en la misma prisión refleja que no hay transparencia o no se quiere transparencia en la realización. Por el contrario, los juicios estarían sujetos a maniobras de poder de carácter político”.
De acuerdo a su experiencia profesional, Guevara Mena sostiene que no tiene precedente esa práctica de “realizar los juicios fuera del recinto judicial, ni en el somocismo, en esa época los juicios eran realizados en el local de los juzgados como corresponde”, apuntó. Juzgar a los reos de conciencia en otro local que no sea el recinto judicial, implicaría que los “expedientes” sean trasladados de los juzgados. Sobre el tema el experto dijo que “no se pueden sustraer los documentos del tribunal, salvo algunas excepciones que requieran desplazarse, como los casos de inspección ocular u otro trámite extrajudicial, son permitidos. Pero que se ventilen los juicios en un local diferente al establecido por la Ley, no lo dice”.
Para el consultor legal y exiliado político Christiam Martínez, el régimen de Ortega está violando el debido proceso judicial y los derechos humanos de los presos políticos. “La Constitución política establece que los poderes del Estado tienen funciones especializadas, separadas y subordinadas únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la Constitución. En ese sentido, los poderes no tienen más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución. Los jueces y magistrados deberían de actuar de forma independiente apegado a la Constitución y la Ley. Pero en Nicaragua todo se mueve en la relación y ordenanza del dictador”, acotó.
«La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 46 expresa que toda persona goza de la protección estatal y reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto a la promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia y Universal de Derechos Humanos”, afirmó Martínez al señalar que el régimen está incumpliendo con el mandato constitucional.
Valoró que las violaciones a los derechos humanos contra los presos políticos han sido cometidas por el régimen desde la detención ilegal y arbitraria contra los nicaragüenses encarcelados durante la primera fase de la represión tras el estallido de abril de 2018. A lo anterior se suman las barbaries de torturas a las que fueron sometidos muchos de los reos de conciencia. Esa práctica ha sido mantenida por el régimen. “Han sido sometidos a procesos violatorios sin las garantías judiciales del debido proceso, basados en acusaciones falsas y pruebas fabricadas al gusto y antojo de las instancias policiales y avaladas por la misma fiscalía general de la República”, afirmó Martínez.
Un total de 172 presos políticos permanecen en las mazmorras de la dictadura de Ortega, más de 120 permanecen detenidos desde 2018, tras el estallido social de abril.
“Las condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos políticos secuestrados desde mayo 2021 en El Chipote son graves. Su franco deterioro los puede llevar a la desesperación, sus niveles de resistencia física están al límite. Señalamos a los responsables de lo que les pueda ocurrir, ya los conocemos, sabemos sus nombres y apellidos”, publicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los familiares de los presos políticos han pedido al régimen un diálogo que permita la liberación de sus seres queridos, pero Ortega respondió con la programación de los juicios a los reos de conciencia. “Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, dice el comunicado del régimen sandinista.
