En 2016, Donald Trump, un abrasivo magnate inmobiliario sin experiencia política y con todos los medios en contra, daba la campanada al arrebatarle la presidencia a la ‘inevitable’ Hillary Clinton apoyado en una promesa: detener la riada de inmigración ilegal que estaba cambiando a toda velocidad la cara de Estados Unidos.
Solo ese dato da idea de lo popular que es en el país cualquiera que abogue por poner algún freno a lo que en el año que lleva Biden en la Casa Blanca ha aportado la friolera de dos millones de nuevos ilegales en suelo estadounidense.
Pero quienes tienen un interés crematístico inmediato en que siga la fiesta son mucho más poderosos, al parecer, que la voluntad popular. Las Big Tech, por ejemplo. Según los registros, los gigantes tecnológicos Amazon y Facebook invirtieron verdaderas fortunas el año pasado en donaciones destinadas a que los miembros del Congreso aprobaran leyes que faciliten la inmigración legal y regularicen a los inmigrantes ilegales.
Solo Amazon desembolsó en 2021 20,3 millones de dólares para ‘animar’ a los diputados a votar proyectos de ley que permitan a la multinacional beneficiarse de mano de obra barata a expensas de los trabajadores nativos. Por su parte, Facebook no le fue a la zaga, repartiendo generosamente entre los representantes del pueblo 20,1 millones.
Los registros públicos revelan que, en concreto, las dos dedicaron su generosidad a persuadir a los diputados para que aprobaran un paquete legislativo destinado a repartir masivamente permisos de residencia entre los recién llegados, hurtando puestos de trabajo a sus compatriotas para repartirlos entre extranjeros ‘importados’ al efecto y permitiendo que ciudadanos chinos e indios monopolicen el empleo en estas multinacionales presuntamente estadounidenses desde hace al menos una década.
Amazon y Facebook también hicieron caer sobre los representantes del pueblo su lluvia de millones para convencerles de que aprobaran el procedimiento conocido como ‘migración en cadena’ o reunificación familiar, por el que cada extranjero recién nacionalizado puede traerse de la patria lejana un número ilimitado de parientes.
El sistema, por cierto, funciona a entera satisfacción de las empresas y se calcula que de los 1,2 millones de extranjeros que cada año obtienen su tarjeta de residencia, en torno al 70% lo hacen mediante este ingenioso y discreto procedimiento.
Es cierto que no siempre obtienen la esperada rentabilidad sobre la inversión en compra de voluntades parlamentarias. Así, su apoyo económico fue esencial para dar una oportunidad al fallido y elefantiásico Build Back Better Act de Biden, que hubiera supuesto la instantánea regularización de los inmigrantes ilegales que viven en el país (entre 11 y 22 millones), además de proporcionar a las serviciales empresas una importación ilimitada de trabajadores extranjeros.
En una loable muestra de su espíritu bipartidista y no ideológico, los ‘lobbistas’ de las tecnológicas mantienen estrechas relaciones financieras tanto con los diputados demócratas como con los republicanos, una relación que se ha hecho especialmente intensa y estrecha en la última década.
