Los socios golpistas y proetarras del Gobierno de Pedro Sánchez han lanzado un comunicado contra la Constitución, un texto que, a su juicio, mantiene los derechos de sus «naciones atados de pies y manos», en vísperas del 43º aniversario de la Carta Magna.
En una Declaración conjunta, estas formaciones políticas -entre los que se encuentran Junts, ERC, CUP, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana y MÉS (de Mallorca y Menorca), entre otros- prometen «seguir luchando» por un modelo de Estado de «reconocimiento de la plurinacionalidad y de la autodeterminación de los pueblos«.
Los firmantes tratan de deslegitimar la Monarquía señalando que han pasado 43 años de «un referéndum constitucional, condicionado por la transición impuesta por la estructura fáctica heredada del franquismo, con la Monarquía Borbónica al frente» y dicen que la Carta Magna «ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas».
En este sentido, apuntan que «hubo un tiempo en el que las constituciones tenían un objetivo fundamental, proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía». «España también ha sido la excepción en esto. El famoso ‘todo atado y bien atado’, lo dice absolutamente todo. Nuestros derechos como naciones están atados de pies y manos», añaden estos grupos, socios imprescindibles para el Ejecutivo socialcomunista.
Estas formaciones resaltan que en este marco «surgió un modelo autonómico de descentralización», que, en su opinión, «no solo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido, además, numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso Diputados (LOAPA, acción de leyes orgánicas…), y por la permanente intervención invasora de un Tribunal Constitucional convertido en instrumento de recentralización del Estado».
Por tanto, manifiestan que, «ante una Constitución agotada, deslegitimada (…) «ya es hora de afrontar cambios estructurales». «Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas», dicen. Así, reafirman que la Constitución «se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos». «En nombre de esa Constitución se impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de nuestros pueblos», subrayan.
