La Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de El Salvador ha avalado este viernes la reelección presidencial inmediata, de modo que el actual presidente, Nayib Bukele, queda habilitado para un segundo mandato.
En concreto, la Sala ha ordenado al Supremo que permita que «una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión«, recoge el periódico salvadoreño ‘El Mundo’.
De este modo, se abriría la puerta a la reelección de Bukele, que entró en la Presidencia en 2019 y acaba su mandato en 2024, y no ocupó el cargo en el período anterior.
La Sala de lo Constitucional está compuesta por perfiles afines al presidente después de la destitución de todos los jueces en mayo por parte de la Asamblea Legislativa, aliada de Bukele, informa el medio salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.
Con el aval del Supremo a la reelección presidencial inmediata se revierte un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los diez años posteriores a dejar el puesto.
La Constitución del país centroamericano prohíbe que «una persona que haya ocupado el cargo por más de seis meses en el mandato anterior o en los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial» pueda ser aspirante a la Presidencia, unas limitaciones que ahora han sido señaladas como «erróneas» por la impuesta Sala de lo Constitucional del Supremo.
Los jueces de la Sala de lo Constitucional han indicado que el fallo anterior no contempla «que el permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la Presidencia no implica de facto que este llegue a ser electo, implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la Presidencia».
«Es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él (el presidente) o si se decanta por una opción distinta», han indicado los jueces en palabras de las que se han hecho eco diputados oficialistas para aplaudir la decisión.
Los jueces que han tomado la decisión fueron impuestos por la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, aliada del presidente, tras la destitución de los jueces anteriores, algo que ha sido criticado por organizaciones y la comunidad internacional como un paso más hacia el autoritarismo.
