En pleno proceso electoral y a pocos días de arrancar la campaña, el régimen de Daniel Ortega inhibió del derecho de participar en los próximos comicios presidenciales a la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quezada, e inició un proceso judicial en su contra acusándola de “fomentar e incitar al odio” por manifestar su posición crítica con el gobierno.
Berenice es la primera candidata inscrita en el Consejo Supremo Electoral (CSE) en ser acusada por el régimen. Antes, otros siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados junto con otros 24 opositores que han sido detenidos en los dos últimos meses.
A la mayoría de los detenidos el régimen les acusa de “traición a la patria” a través de la Ley 1055, la llamada “Ley de defensa de los derechos a la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”. “Se me ha notificado que estoy inhibida como candidata a la vicepresidencia. Confiemos en Dios el futuro de nuestra Nicaragua”, escribió en las redes sociales la candidata y exreina de belleza.
La Miss Nicaragua 2017 fue puesta bajo arresto domiciliar y estuvo incomunicada, pero más tarde la Fiscalía del régimen anunció que Quezada enfrentaría el proceso judicial en libertad.
Con el enjuiciamiento a Berenice Quezada son cuatro los aspirantes presidenciales de CxL inhibidos por Ortega, otros cuatro habían suscrito su intención de participar en las elecciones internas de esa Alianza para llevar un candidato único.
Mientras tanto la Alianza Ciudadanos por la Libertad continúa en silencio, entrevistas y conferencias de prensa han sido canceladas por estar en “sesión de emergencia con reuniones internas de consulta”, tras la última estocada del régimen sandinista.
CxL, ‘rehén del régimen’
Según una fuente de La Gaceta de la Iberosfera cercana al círculo presidencial, el partido CxL es rehén de Daniel Ortega por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), que comenzó con la liquidación en cadena de cuatro bancos declarados en bancarrota hace más de 20 años, al final de la presidencia de Arnoldo Alemán.
Se trata de un caso salpicado de intereses económicos y presuntas violaciones a las leyes bancarias en las que supuestamente habría tenido participación el excandidato presidencial Eduardo Montealegre, a quien señalan de estar detrás de CxL.
Ciudadanos por la Libertad surgió luego que Ortega le quito la personería jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI) –que lideraba Montealegre– en junio de 2016, solo cinco meses antes de las elecciones y cuando el partido ya estaba en campaña y con candidatos electos a nivel interno para participar en esos comicios.
CxL desde su fundación es dirigido por Kitty Monterrey, y aunque hay rumores que Montealegre dirige el partido tras bambalinas, el excandidato ha declarado que se retiró de la política y que no tiene nada que ver con dicha organización.
Desde octubre de 2020, el régimen –a través de sus operadores– hace ruido con el tema de los CENIS en “busca” de una resolución. Esta semana la agenda base de la Asamblea Nacional tiene dentro de los “puntos especiales” dicho tema, pues busca una resolución del caso con base en el “Informe sobre el caso de los CENIS pro las liquidaciones bancarias 2000-2001”.
Revisar dichos casos significaría que los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional –que son mayoría–, podrían emitir resoluciones para reiniciar juicios políticos en los tribunales en contra de algunos acusados. A la cabeza estarían Eduardo Montealegre y otras importantes personalidades de la vida política y económica del país.
El tema de los CENIS ha sido empleado como una herramienta de chantaje político que suena cada vez que se acercan elecciones. El propósito de Ortega, quien controla todas las instituciones del Estado, es eliminar a la oposición. El dictador lo ha logrado a través del sistema judicial, al que utiliza como una herramienta de represión.
Pero de acuerdo con la fuente anteriormente referida, hay otro tema en el tapete con CxL: parte del esquema de chantajes del régimen contra la agrupación política es la acusación contra Álvaro Montealegre, hermano de Eduardo Montealegre, acusado junto con otras dos personas por estafa.
Álvaro Montealegre fue condenado a 22 años de prisión en 2016, pero gozaría de libertad gracias a un presunto arreglo con el sandinismo.
