La segunda ola del covid-19 en el Perú es incontrolable. Ha arrasado en pocas semanas el precario sistema de salud del país andino, poniendo contra las cuerdas al Gobierno del presidente transitorio Francisco Sagasti a solo tres meses de las elecciones presidenciales, comicios que podrían verse aplazados debido a la severidad de la pandemia y los riesgos de contagio que suponen las colas en los centros de sufragio.
La actitud ambivalente del Gobierno peruano, atrapado entre la crisis económica -el PIB cayó un 12.9% en 2020 como resultado de una dura cuarentena- y la sanitaria – Perú continúa entre los 10 países con más mortalidad por coronavirus en todo el mundo-, se ha traducido en una serie de medidas que resultan, ante los expertos en salud pública, ineficientes para contener el avance de los contagios.
Si bien el discurso oficial sigue siendo el de anteponer la vida humana sobre la economía, la cruda realidad sigue pesando, de manera lúgubre, sobre las recomendaciones médicas para combatir al covid-19: el país enfrenta un escenario volátil marcado por el aumento del desempleo –659 mil personas perdieron sus puestos de trabajo en el último trimestre de 2020, según INEI-, la pobreza y la desigualdad.
Cuarentenas focalizadas y estrictas
Para el médico epidemiólogo Antonio Quispe, si el Gobierno y la población no aprenden de las lecciones dejadas por la devastadora primera ola, el escenario de muerte y desolación no solo podría repetirse, sino empeorar, pues el sistema sanitario enfrenta las nuevas variantes, más contagiosas, con menores recursos que el año pasado.
“El Gobierno de transición ha demostrado, por las declaraciones de dos de sus ministros, que existen discrepancias entre dos actores importantes como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Y frente a la segunda ola, la vida de los peruanos debe primar sobre los intereses de los poderes económicos. Estamos enfrentando una crisis sanitaria mucho más difícil que la del año pasado. ¿Por qué es más difícil? Porque el Perú tiene un sistema de salud deficiente que ha enfrentado una primera ola de la cual ha salido con uno de los mayores niveles de mortalidad en el mundo, con unos recursos humanos y de infraestructura bastante golpeados. El escenario ha cambiado por completo. La introducción de las nuevas variantes, que son mucho más contagiosas, provocan que, al incrementarse la cantidad de infectados, el sistema sanitario colapse y se disparen los números de fallecidos en un menor tiempo. Todo el conocimiento acumulado para enfrentar al virus de la primera ola, no necesariamente sirve para enfrentar estas nuevas variantes. Los protocolos deben actualizarse, y si queremos tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y así controlar la propagación de las variantes del virus, debemos aprender las lecciones de los países que están controlando la transmisión. ¿Y cuáles son estas lecciones? Cuarentenas estrictas, el uso de respirador [N95, KN95, FFP2), ya no de mascarillas. ¿Por qué? Porque las mascarillas dejan demasiados espacios abiertos, y ahora que hay más virus circulando en el ambiente alrededor de las personas infectadas, estas ya no ofrecen la protección necesaria. Los respiradores sellan mejor. Y, claro, mayor distanciamiento físico”, recomienda.
Quispe, que ha venido alertando a través de diferentes medios de comunicación sobre la gravedad del caso peruano frente a las nuevas variantes del covid-19, asegura que no se debió implementar una cuarentena nacional durante la primera ola, sino cuarentenas focalizadas, y que estas deben considerarse ante el estallido de la segunda ola.
“Una de las lecciones más importantes de la primera ola en Perú es que nunca debimos implementar una cuarentena nacional, debimos implementar una cuarentena focalizada. ¿Por qué? Porque si tu focalizas, cuentas con los recursos para fiscalizar. Los indicadores de movilidad nos han demostrado que la cuarentena nacional de 2020 no fue estricta, y por lo mismo fue ineficaz, ahí que tuvimos que utilizarla por demasiado tiempo y nos demoramos meses en controlar la primera ola. El reto para controlar la segunda ola es mucho más complicado. Necesitamos de cuarentenas focalizadas y estrictas en aquellos sitios donde tengan que implementarse de acuerdo a la gravedad de los casos”, cuestiona Quispe.
Según el epidemiólogo, además de la infraestructura sanitaria deficiente y las medidas laxas del Gobierno, la divulgación científica en el Perú se encuentra “en pañales”, perjudicando las campañas de concientización sobre los peligros del virus, incrementando los riesgos de la automedicación y las posiciones antivacunas.
“Una de las desventajas del Perú es que la divulgación científica está en pañales, los científicos y los médicos suelen ser pésimos comunicadores. El Gobierno tampoco se queda atrás, y la mejor evidencia es la conferencia de prensa del presidente Sagasti de hace unas semanas que resultó un desastre al comunicar las medidas de prevención para contener el virus. Los medios de comunicación también caen en el error de compartir a veces fake news. Las redes sociales tampoco ayudan, están plagadas de páginas y gente que lucra con la muerte de las personas. Todo esto genera un miedo que es natural, y el miedo se combate con información. Si no compartes buena información, se termina diseminando la mala información. Lo que tiene que entender la gente es que el SARS-CoV-2 a la fecha no tiene cura, no tiene profilaxis. La covid-19 es una enfermedad horrible, que deja secuelas. Lo lindo de la ciencia es que ha adelantado tanto que ha sido capaz de producir vacunas altamente eficaces y seguras en menos de un año. Es la primera vez que pasa eso en la historia de la humanidad”, asegura el investigador.
Este martes se supo que una mujer de 54 años que se prestó como voluntaria en las pruebas de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, murió de covid-19.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), encargada de los ensayos clínicos que evalúan la eficacia de la vacuna, confirmó que el fallecimiento de esta voluntaria “no tiene relación con la vacuna”, pues pertenecía al grupo que recibió un placebo.
Los ensayos clínicos de Sinopharm habían sido suspendidos temporalmente el pasado 12 de diciembre por unas semanas, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), luego de que surgiera una complicación en uno de sus voluntarios. El ensayo, que se realizó entre septiembre y diciembre de 2020, involucró a 12 mil voluntarios entre los 18 y 75 años de edad.
El Perú, que registra más de 1 millón de casos de infectados por covid-19 y más de 40 mil fallecidos, ha adquirido 38 millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Un millón de estas deberían llegar a fines de enero o principios de febrero para inocular a medio millón de trabajadores del sector salud y personal de las fuerzas de seguridad.
Apoyar a los emprendedores y atraer la inversión
Juan José García, director de la Asociación Contribuyentes por Respeto, advierte que una cuarentena estricta en todo el territorio nacional para contener el avance del covid-19 va a ser inviable, por su impacto negativo en la economía familiar. Además, asegura que no sería respetada por muchos peruanos que viven del trabajo diario.
“La idea de la cuarentena estricta de 2020, que llegó a durar doscientos días y restringió nuestras libertades, era ganar tiempo para reforzar nuestro sistema de salud. Ese tiempo no se aprovechó, la gestión del Gobierno fue pésima y terminamos siendo durante muchas semanas el país con más muertes por millón de habitantes. Hoy estamos entrando a una segunda ola y el escenario es distinto, antes teníamos respaldos fiscales, teníamos ahorros. Los bonos de rescate que se destinaron a las familias vulnerables, este año van a ser muy difíciles de entregar. Una cuarentena estricta va ser inviable y no va a ser respetada. El 70% de peruanos deben salir a la calle todos los días a ganarse la vida, sino no comen. Hemos cerrado el 2020 con un saldo negativo de 800 mil empleos perdidos en Lima. No creo que la discusión deba ser si tenemos que encerrar a la gente en sus casas, sino como permitirles salir a trabajar sin que se infecten. Estamos hablando de repartir mascarillas, hacer testeos masivos con pruebas moleculares, prevenir el contagio en el espacio público mediante la descongestión de calles, oficinas, paraderos de buses y estaciones del metro”, dice García, bastante preocupado por el difícil escenario que le depara al Perú este segundo año de pandemia.
Según García, si bien resulta comprensible que los médicos recomienden la cuarentena como una medida de urgencia, anteponiendo la salud por encima de la economía, estos deben entender que, si se detiene el motor productivo, “la gente no morirá de covid-19, pero terminará muriendo de hambre”, debido a los altos niveles de pobreza y desempleo que existen en el país, pues no todos podrán quedarse en casa por un tiempo prolongado.
“Lamentablemente, no le podemos decir a los peruanos que se queden encerrados en sus casas por tres meses, porque no toda la gente dispone de ahorros, con esa medida vas a destrozar aún más la economía. Considerando las variables que tenemos en contra, tanto domésticas como internacionales, lo que debería hacer el Gobierno es facilitarle la vida a las personas para que emprendan, simplificar la vida de la gente para que pongan empresas, para que contraten personal, para que puedan salir adelante. Y si no queremos que la informalidad se dispare, y que, de alguna manera, la ola de emprendimiento pueda despegar, hay que hacer cambios regulatorios. Hay que hacer cambios regulatorios para atraer la inversión”, considera.
El virus es una amenaza para la seguridad nacional
Las Fuerzas Armadas (FF. AA) y Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegadas desde el inicio de la pandemia con el fin de resguardar el orden público, hacer cumplir el toque de queda y evitar la aglomeración de personas para prevenir contagios. A pesar del esfuerzo, la desobediencia civil y el temor al mortal virus han impedido a los efectivos cumplir con su labor. Hasta enero de este año, 525 policías han muerto por el covid-19 y más de 39 mil se han contagiado, según cifras del Ministerio del Interior (Mininter).
Para el almirante (r) Jorge Montoya, el covid-19 es una amenaza para la seguridad nacional, y el Perú se encuentra en una situación parecida a una guerra que obliga a pensar en una estrategia transversal que incluya a todas las instituciones del Estado y los sectores productivos.
“Este virus es una amenaza que afecta a la seguridad nacional, es como si fuera una guerra. Y no se puede paralizar al país para combatir la pandemia. Las cuarentenas focalizadas son una buena solución, y para eso se necesita hacer testeos masivos en la población para detectar el virus. Una vez encontradas las personas infectadas, se les aísla y se les trata. Ese despliegue lo pueden hacer las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el personal de salud si se planifica bien. La solución no es encerrarnos, la solución es combatir. Se debe trabajar una estrategia de prevención del contagio no solo a nivel regional, también municipal, barrial, todos los días. No se puede bajar la guardia. El Estado tiene herramientas que le permiten actuar en una situación de emergencia como esta. Una es el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, que puede convocar a todos los sectores que necesite transversalmente, la otra es la Ley de Movilización Nacional. Nunca aplicaron estos mecanismos, quizá porque las fuerzas armadas hubieran tenido una amplia presencia en el territorio, algo que crispa los sesgos ideológicos de algunos políticos, sesgos que hacen daño al país.”, asegura Montoya.
Montoya, exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA, se muestra contrario a establecer una cuarentena nacional, pues asegura que, durante su aplicación en la primera ola de 2020, solo se pensó como una medida destinada para la clase media, ignorando la realidad de los sectores más vulnerables que no cuentan con empleos fijos, ahorros y viviendas con servicios básicos o habitaciones suficientes para mantener el distanciamiento físico.
“La cuarentena nacional, que fue extendida por más de tres meses, fue una medida pensada para la clase media. Fue una medida ilógica. Lima tiene un alto porcentaje de habitantes que viven en condiciones muy estrechas de vivienda. Viven hacinados. Se olvidaron que la mayoría de peruanos trabajan como independientes o en el sector informal, deben trabajar a diario para mantener a sus familias. El Gobierno de Vizcarra tomó decisiones de espalda a la realidad nacional, basándose en las medidas tomadas por países del primer mundo. El Gobierno de Sagasti igual, continúa la inercia. Peor, ahora se suma a la crisis sanitaria y económica la pérdida de autoridad que ha sufrido la policía tras las marchas de noviembre y los bloqueos de carreteras de fin de año, orquestados por agitadores profesionales. Además, es importante señalar esto: se ha cometido un error en el despliegue policial y militar, que es utilizar a las fuerzas del orden como elementos disuasivos o que generan temor en la población. Los policías y militares deben ser monitores educativos para la prevención del contagio. Más efectivas que las medidas punitivas son las campañas permanentes de divulgación científica para el uso correcto de las mascarillas, medidas de higiene y distanciamiento físico. Implementar cordones de seguridad alrededor de establecimientos sanitarios y lugares que podrían generar aglomeraciones, como mercados o paraderos de transporte público, son más importantes que estar desplegando operativos de detención de infractores que generan resistencia, contacto físico y mayor riesgo de contagio. Miremos los resultados, más de 500 policías han perdido la vida en esta pandemia. Las fuerzas armadas y del orden público son amigas de la población, no deben ser percibidas como enemigas”, acota.
Hay que cuidar la salud y la democracia
José Manuel Villalobos, abogado experto en temas electorales, considera que la propuesta de algunos candidatos, como el expresidente Martín Vizcarra, de aplazar las elecciones programadas para el 11 abril al mes de mayo para cuidar la salud de las personas ante la segunda ola del coronavirus, es una medida “facilista”.
“Cualquier propuesta que tenga como salida postergar las elecciones, es una propuesta facilista. Está evidenciando en que acá a tres meses, cuando se den las elecciones, no vamos a ser capaces de tomar las decisiones que ayuden a detener la curva de crecimiento de infectados y fallecidos por el covid-19, que no podemos diseñar y hacer cumplir protocolos de bioseguridad en los centros de votación. Es prácticamente tirar la toalla y decir que el Gobierno no va a hacer nada para contener la pandemia. Ahora, si es que el Gobierno falla en contener la pandemia para abril, se tendrá que tomar la drástica decisión de postergar las elecciones. Esto significa modificar una ley orgánica que requiere una votación calificada en el Congreso y un acuerdo entre las bancadas. Si postergamos las elecciones, debemos garantizar que la sucesión de mando se dará el 28 de julio. La ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] ha aprobado protocolos de seguridad durante las elecciones, se ha ampliado la jornada de votación a doce horas, se han triplicado los locales de votación. Así como las personas salen a comprar a centros comerciales y toman precauciones, también lo pueden hacer para ir a votar. Así como hay que cuidar la salud, hay que cuidar la democracia y garantizar el derecho de los peruanos a elegir un nuevo gobierno”, explica.
Las medidas del Gobierno morado
El presidente Francisco Sagasti anunció la noche del 26 de enero una cuarentena total en diez regiones, incluyendo Lima Metropolitana y provincias, para enfrentar el avance de la segunda ola del coronavirus. Las medidas restrictivas iniciarán el 31 de enero y culminarán -a menos que se den extensiones, como en la primera ola- el 14 de febrero.
Queda prohibida la apertura de centros comerciales, tiendas por departamento, iglesias y centros de culto. Tampoco podrán realizarse actividades deportivas y queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial. También se restringen los vuelos procedentes de Europa y Brasil.
Además, complementando las nuevas medidas para combatir la propagación del virus, el Gobierno ha establecido otorgar bonos de s/600 (135 euros) a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, apoyo tributario a empresas, apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares, y activación de mercados itinerantes, esta última una iniciativa para generar ingresos que beneficien directamente a los productores agrícolas.