El dictador sandinista Daniel Ortega encarceló a otros dos aspirantes presidenciales el martes, se trata de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, este último primo de Cristiana Chamorro. Ya son cuatro los precandidatos opositores acusados por el régimen de delitos que los inhibiría de participar en las elecciones de noviembre.
Chamorro fue detenido la noche del martes, horas antes de comparecer en una cita que le hizo el Ministerio Público para una “entrevista” el miércoles. La esposa de Chamorro, la empresaria Victoria Cárdenas también habría sido detenida.
También fueron detenidos la noche del martes la excandidata a la vicepresidencia Violeta Granera, que al igual que Maradiaga pertenece a la Unidad Azul y Blanco (UNAB), y José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), una organización que fue aliada de Ortega por más de 10 años y se separó tras los crímenes de abril.
Granera permanece detenida en su casa, y Aguerri fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, en Managua.
La Policía a través de un comunicado dijo que Juan Sebastián Chamorro, Granera, Maradiaga y Aguirre son investigados con base en la Ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, por “incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, dice el documento.
Juan Sebastián Chamorro es precandidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), igual que el académico Arturo Cruz, quien fue detenido el 5 de junio en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de Estados Unidos. Cruz es acusado por medio de la misma Ley, la 1055, aprobada por la Asamblea Nacional bajo el control del oficialismo y sus aliados en diciembre de 2020.
En horas del mediodía fue detenido Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La captura se registró tras su salida del Ministerio Público, tras declarar en calidad de “entrevistado”.
Los tres precandidatos varones guardan prisión en la cárcel de Auxilio Judicial de la policía, conocido como El Chipote, el centro de torturas del régimen. En el caso de Cristiana Chamorro, permanece bajo arresto domiciliar, ella es acusada de presunto lavado de dinero a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro.
A través de un comunicado la Policía del régimen informó que a las 12:40PM fue detenido Félix Alejandro Maradiaga Blandón que, de acuerdo con el organismo, “es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, dice el documento.
También le acusan de “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales, de operaciones financieras contra el país, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la Nación”.
Una treintena de funcionarios del régimen, cuatro familiares de Ortega, y varias empresas obtenidas al amparo de la ayuda venezolana y fondos públicos nicaragüenses, enfrentan sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Tras el arresto, la policía allanó la residencia de Maradiaga.
El equipo de prensa del precandidato dijo a través de una nota que Maradiaga fue detenido cuando se movilizaba junto a su conductor y su abogado Róger Reyes, tras salir del edificio del Ministerio Público.
El equipo de campaña de Maradiaga calificó la detención como “ilegal”.
Maradiaga se presentó a la oficina del Ministerio Público la mañana del martes donde fue interrogado por varias horas. A su salida dijo que la fiscalía le investigaba por varias causas.
“No tengo nada que ocultar, lo he dicho con toda firmeza viendo a los ojos a quienes me han entrevistado, yo he señalado que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han violado convenios en materia de derechos humanos deben ser sujeto de sanciones internacionales, no tengo por qué ocultar lo que he dicho. No estoy de acuerdo en aquellas acciones que golpean a los más pobres, pero sí estoy de acuerdo con que aquellas personas que se han manchado las manos de sangre respondan ante la justicia”, dijo el aspirante a su salida de la fiscalía.
Mientras tanto, el régimen detuvo el lunes a dos trabajadores de Arturo Cruz, durante el allanamiento a su residencia, a quienes liberó tras más de 12 horas de interrogatorios. Ambos fueron citados el martes por la policía del régimen para continuar con las pesquisas.
El Poder Judicial nicaragüense rechazó el Recurso de Exhibición Personal el favor del aspirante presidencial, alegando que existe una decisión judicial que ordena su permanencia en la cárcel durante tres meses.
Otros dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, permanecen encarcelados por el régimen.
