El pasado 10 y 11 de diciembre del año 2018 tuvo lugar una cumbre en Marrakech. Se celebró prácticamente en silencio y acudió Pedro Sánchez. La gran mayoría de españoles se enteraron durante el fin de semana anterior de que España iba a ser adherida al llamado “Pacto Mundial para la Migración”. Sin previo aviso a la población y teniendo conocimiento desde el verano del citado año, el Sr. Sánchez nos llevaba hacia un acuerdo con sigilo, apoyado en el mutismo mediático y en la opacidad total frente a otros países que sí informaron previamente a sus ciudadanos.
El comúnmente llamado Pacto de Marrakech recoge una serie de indicaciones que van más bien encaminadas a naturalizar la inmigración ilegal como forma habitual de llegar a un país de destino y orientadas hacia el presunto propósito expuesto en la operación de marketing previa: “apostar por una migración ordenada, responsable y regular”. De hecho, en sus borradores iniciales ya había alusiones directas a un pacto encaminado hacia el reemplazo poblacional, algo que quizás países como Croacia, Austria, Estonia, Hungría o Polonia supieron ver y no sucumbieron a los oscuros intereses del acuerdo.
El Pacto de Marrakech nos daría para un análisis en profundidad, pero hoy quiero detenerme en su objetivo número 17. Este objetivo, como bien refleja su texto, va directamente encaminado a perseguir y controlar toda aquella manifestación pública o mediática dirigida hacia la inmigración ilegal. Tanto es así que ya el eurodiputado holandés Marcel de Graaff se atrevía allá por el 2018 a enfocarlo de la siguiente forma: “La crítica a la inmigración se convertirá en un delito, y los medios de comunicación que den cabida a estas críticas podrán ser cerrados”. Y no arrojaba nada lejos de la realidad, es algo que ya se hace peligrosamente cotidiano. Veamos algunos ejemplos.
El caso de Francisco Zúñiga
El inesperado y violento homicidio de Francisco Zúñiga, sacristán de 52 años del municipio jienense de Alcalá la Real, no sólo conmocionó hace unas semanas a los alcalaínos y a la sociedad española en general, sino que, además, dejó de nuevo entrever la censura, el pudor y el temor informativo al que están sometidos los medios de comunicación. En la cobertura mediática de este apuñalamiento se volvieron a omitir los datos que hacían referencia a la nacionalidad del autor del crimen, lo cual reabría nuevamente el debate sobre la necesidad de aportar este tipo de connotaciones por parte del periodista, su relevancia en la información y el buenismo mediático a la hora de abordar los sucesos en los que un inmigrante, legal o ilegal, se relaciona con un hecho delictivo.
Las primeras informaciones del citado caso, en referencia a la nacionalidad del autor del crimen, eran contradictorias. Medios provinciales informaban que el asesino de Zúñiga era de nacionalidad marroquí, para después corregir la información e indicar que el asesino del sacristán era de nacionalidad rumana, finalmente esta información quedó en el aire.
Esta cobardía mediática no sucede por casualidad, más bien viene a ser consecuencia de la corrección política, una vez más, del expuesto Pacto de Marrakech. En el caso del apuñalamiento del sacristán de la iglesia de Consolación del Alcalá la real, nos encontramos ante un asesino de nacionalidad rumana con antecedentes penales, como indican fuentes de la investigación. El autor del crimen, de 32 años de edad aproximadamente, de origen rumano, llegó a Alcalá la Real como temporero de la campaña de la aceituna y se encontraba en situación irregular. No es la primera vez que el causante de la muerte del sacristán empuña un arma, el recolector rumano tenía antecedentes por el mismo delito en varios países de Europa, y en 2017 en la localidad cordobesa de Adamuz, donde tuvo una pelea con arma blanca con un compatriota. En esta ocasión los medios de comunicación hacen difusión de la nota de prensa emitida por la benemérita, donde se recoge que el apuñalamiento se ha llevado a cabo por una persona de nacionalidad extranjera, pero en ningún momento se informa sobre el origen del mismo, por lo que se vuelve a evidenciar la censura mediática que existe al respecto.
Según fuentes de la investigación, en esta ocasión el autor del crimen tuvo una discusión con el sacristán en las horas anteriores al apuñalamiento. El indigente rumano, acostumbrado a mendigar en la puerta de la iglesia, entró al templo sin mascarilla por lo que el sacristán, Francisco Zúñiga, le reprendió diciéndole que se la pusiera, lo que derivó en una acalorada discusión que horas después llevó al temporero, de origen rumano, a matar a puñaladas al sacristán.
El conocimiento de la nacionalidad del asesino de Zúñiga llevó al Ayuntamiento de Alcalá la Real a pedir en sus redes sociales prudencia con el caso y que cesaran los mensajes de odio que circulan por las redes. «El odio no arreglará nada, dejemos que actúe la justicia. En honor a Paco”. Esta publicación del Ayuntamiento de Alcalá la Real venía a victimizar al verdugo, causante del asesinato de un hombre, por el simple hecho de los comentarios recibidos por el origen del autor del crimen, un ejemplo más de la protección que puede llegar a ofrecer el Pacto Global de la Migración a los inmigrantes que delinquen en España, no sólo por parte de los medios de comunicación, sino también de las instituciones.
No sucede lo mismo cuando la delincuencia es llevada a cabo por un ciudadano español. Los medios de comunicación no tienen problemas a la hora de señalar la nacionalidad española como dato significativo a la hora de informar de un suceso delictivo, incluso el periodista no encuentra tantas trabas a la hora de conocer este dato por las fuentes de la investigación. Las barreras que existen para conocer la nacionalidad foránea de un delincuente desaparecen cuando es español.
En esta ocasión no existe ningún pacto al respecto que acuse al periodista de delito de odio a los españoles en el caso de relacionarlos con un hecho delictivo, aquí el medio de comunicación tiene total libertad para publicar este dato, no existe ningún pacto político por el que se persiga y amordace a los que relacionan a un ciudadano español con la delincuencia. Sin embargo, el Pacto de Marrakech, si persigue al periodista o medio de comunicación que relacione al inmigrante, legal o ilegal, con un hecho delictivo, pudiendo caer en un delito de odio y llegando a causar, inclusive, el cese de su actividad mediática.
Objetivo: blindar al delincuente inmigrante
El apuñalamiento de Alcalá la Real y su tratamiento mediático no es un caso aislado. Recordamos en octubre de 2018 el brutal crimen de Desirée Mariottini, que dio la vuelta al mundo por su especial dureza y crueldad, y también abrió el debate al que hemos hecho referencia al principio: la vuelta de la policía de lo “políticamente correcto”.
Desirée fue violada por un grupo de hombres desde la tarde del jueves 18 de octubre de 2018. La drogaron, la dejaron inconsciente y abusaron sexualmente de ella una docena de personas. No dejaron que nadie la socorriera. La adolescente falleció el 19, por lo que su calvario duró más de 10 horas. Fue asfixiada, se cree que le taparon la boca con una mano para que no gritara. La autopsia confirmó que existió violencia repetida. Hasta el momento, son cuatro los arrestados por el brutal crimen. Los primeros dos eran senegaleses de 26 y 43 años sin documentos legales para residir en Italia, más tarde cayó un tercer sospechoso, un nigeriano de 46 con permiso de residencia en la capital italiana por motivos humanitarios, informaron fuentes del Ministerio de Interior. Por último, un gambiano, localizado por la Policía en la ciudad de Foggia, en la región de Apulia (sur), en las proximidades de un centro para inmigrantes, presuntamente huyendo de Roma al saberse perseguido.
La policía de lo ‘políticamente correcto‘
Días después del suceso, el 29 de octubre de 2018, asistimos al enojo de la presentadora de televisión Susanna Griso cuando uno de sus colaboradores revelaba la nacionalidad de los agresores de la adolescente italiana. Susanna, exigía a sus contertulios “no informar” acerca de la nacionalidad de los delincuentes en el caso que fueran extranjeros ya que, según consideraba la presentadora de Espejo Público, informar acerca de sus nacionalidades es un error porque los ciudadanos “no están lo suficientemente informados”.
Desirée fue drogada y una decena de hombres abusó sexualmente de ella. Luego la asesinaron. Dos senegaleses y un italiano detenidos. Al hada madrina de Atresmedia, patrona de los desamparados, no le gusta que se sepa que son senegaleses por miedo a la ultraderecha. pic.twitter.com/DarTspLg40
— Luis Balcarce (@lbalcarce) October 29, 2018
Con este episodio asistimos nuevamente a una censura que cada vez es más habitual en una serie de medios españoles, censura que va desde la ocultación de nacionalidades hasta la ‘medición’ de según que expresiones para, según la policía de lo “políticamente” correcto, no alimentar el odio hacia los inmigrantes.
Cuando hago alusiones hacia la policía de lo “políticamente correcto” no sólo me refiero a un conjunto de medios que actúan obviando en la mayor parte de los casos las nacionalidades y según que connotaciones para no “alimentar el miedo y la desconfianza hacia la población inmigrante”, sino que existe en la actualidad un programa financiado por el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración que actúa como tal.
Según el programa, Inmigracionalismo, promovido por la ONG, Red Acoge, y financiado por el Gobierno de Pedro Sánchez, palabras como “inmigrante ilegal” para referirse a las personas que están en España en situación irregular fomenta la criminalización y es un termino incorrecto. Asimismo, este colectivo recoge en un informe una serie de noticias para tratar de poner ejemplos prácticos de cómo se debe y cómo no se debe redactar desde un mero titular, al cuerpo de una noticia.
El 7 de agosto del 2017 unos doscientos inmigrantes subsaharianos lograron cruzar por la fuerza el paso fronterizo del Tarajal, este suceso era recogido por la gran mayoría de medios de comunicación y se saldo con un policía herido con fractura de tibia y peroné. El digital de ABC se hizo eco de esta noticia con el titular: “Unos doscientos inmigrantes cruzan a la carrera la frontera de Ceuta”. Según este programa buenista financiado públicamente, con este titular “el periódico obvia la brutalidad policial y criminaliza a las personas inmigrantes”. Según cita la ONG Red Acoge en su informe, destacar la importancia que se le da a los policías heridos desde el texto introductorio hasta en el pie de las imágenes es también sinónimo de criminalización a los subsaharianos que accedieron salvajemente a través del paso fronterizo de Ceuta.
Un perfil de Twitter como órgano censurador
Para dar soporte a este programa de lo “políticamente correcto” esta organización cuenta también con un perfil oficial de Twitter. Desde este perfil se actúa en cierta forma como órgano censurador. Desde esta red la ONG señala públicamente a todo aquel medio que no se ajusta con sus códigos de conducta a la hora de informar. Asimismo, llega a exigir que se modifiquen ciertos titulares o entradillas.
A través de este perfil la entidad llama continuamente a la denuncia pública de toda noticia en la que detecte la vulneración de sus principios éticos. Con la utilización del hashtag, #Inmigracionalismo y el uso de una aplicación denominada Alerta Discriminación, animan a sus seguidores a denunciar a todos los medios que no se ajusten a sus códigos de conducta, después esta organización hace públicas estas denuncias a través de su perfil oficial.
La normalización del racismo y la xenofobia por parte de los medios en los últimos meses es algo que desde #Inmigracionalimos llevamos denunciando. Si lo ves denúncialo.https://t.co/aMBFc55C79 pic.twitter.com/PHc0pw26cQ
— Inmigracionalismo (@Inmigracionalis) August 2, 2018
Cuando lo ‘políticamente correcto’ roza el ridículo
Esta demonización de ciertas expresiones y la amplificación casi inmediata en las redes sociales a través de organizaciones como las que he citado está provocando una ola de censura encubierta, donde la extrema corrección política pasa a ser un eje primordial para muchos colectivos.
En el año 2015, a través de la revista estadounidense Newsweek, se repasaron algunos casos en los que estos códigos de conducta rozaban lo ridículo. Uno de los casos más llamativos fue el de Clyde Lynch, quien presidió durante 18 años el Lebanon Valley College. En su honor, hace un tiempo bautizaron al edificio principal con su nombre. Sin embargo, un grupo de estudiantes comenzó a realizar peticiones de firmas y adhesiones en las redes sociales para cambiar la denominación. Los motivos no dejaban de ser sorprendentes. El rechazo no estaba relacionado con la conducta de Lynch, ni con su trabajo, sino con el significado de su apellido, ya que «lynch» en inglés significa linchar y en las peticiones alegaban que el nombre del edificio tenía «connotaciones raciales». Este caso fue recogido con preocupación por varios medios en Estados Unidos.
Según el reportaje de Newsweek, más de la mitad de los colegios y universidades de Estados Unidos tienen códigos de expresión restrictivos y, de acuerdo con un observatorio de la censura, 217 instituciones (incluyendo algunas de los más prestigiosas) tienen códigos de expresión que «sin ambigüedades inciden en la libertad de expresión«. Conforme avanza esta investigación se puede apreciar como lo que actualmente sucede en Estados Unidos comenzó con un proyecto similar al que he citado en este artículo, la semilla de todo fue un pequeño programa universitario que gracias a la financiación pública paso a convertirse en una entidad que en la actualidad actúa como agente censurador en diversas universidades. Según apunta la revista estadounidense, los periódicos universitarios se debaten ante la elección del uso de algunos términos y los estudiantes que hacen uso de frases y expresiones calificadas como «discurso del odio» son señalados por el resto.
El magazine no solo apunta hacia casos relacionados con los estudiantes, sino que los profesores también se enfrentan a la posibilidad de ofender accidentalmente a cualquier alumno. Por esta razón, en 2016 se llegaron a reconsiderar los planes de estudio y la restricción de las discusiones en clase sólo a cuestiones simples. Un profesor de la Universidad de Brandeis fue sometido a una expediente administrativo por racismo después de usar la expresión «espalda mojada» en clase, que se considera ofensiva y dirigida a los inmigrantes mexicanos que quieren ingresar a los Estados Unidos.
En definitiva, asistimos a un escenario totalmente ridículo en el que la utilización de los términos tipificados como “políticamente correctos” dará paso a que indirectamente recordemos aquellos términos reemplazados, un camino hacia la disminución total del pensamiento crítico que lejos de evitar el “discurso de odio” creará un efecto totalmente contrario ante el sometimiento de entidades que únicamente buscan el beneficio económico bajo esa falsa premisa de no “alimentar el miedo y la desconfianza hacia la población inmigrante” .
