La defensa de la vida desde la concepción está plasmada en la Constitución del Ecuador ―artículo 45― y es el sentir de la mayoría de los ciudadanos del país sudamericano: alrededor del 80% la respalda. Por ello, despenalizar el aborto está tomando meses de debate y la aparición de múltiples recursos que están al borde de la legalidad, y que ponen en tela de juicio incluso el respeto a la constitucionalidad.
Queda apenas una semana para determinar si se aprueba el veto presidencial impuesto por Guillermo Lasso al proyecto de ley que salió de la Asamblea Nacional. En caso de que el Poder Legislativo no emita una decisión sobre el particular, la ley quedaría automáticamente aprobada con las observaciones del Jefe de Estado. Rechazar esto requiere 92 votos en el Parlamento. Ante la premura, la legisladora que encabezó la lucha por el aborto, logró que sus colegas votaran para enviar el veto a la Corte Constitucional. Una juez le dio al presidente de la nación 24 horas para responder.
La Gaceta de la Iberosfera se comunicó con Fabián Pozo, Secretario General Jurídico de la Presidencia, quien contestó a la juez de la Corte Constitucional de Ecuador. Explicó lo siguiente:
“El presidente envió un veto parcial proponiendo textos alternativos al proyecto de ley de interrupción del embarazo, conforme el artículo 138 constitucional. La Asamblea remitió el texto a la Corte Constitucional como si se tratase de un veto por inconstitucionalidad, cosa que no le compete hacer. Bajo la Constitución actual, a diferencia de la anterior, la Asamblea no tiene esa facultad de derivación”, indicó Pozo.
“La Corte además ha rechazado un pedido de medida cautelar que pretendía devolver el texto del veto al presidente y suspender los plazos para el tratamiento del veto en la Asamblea. La Asamblea debe allanarse al veto o insistir en el texto originalmente aprobado por ellos hasta el día 16 de este mes. Si no se pronuncia, se produce el allanamiento tácito al texto presidencial”, precisó el representante legal del presidente.
Ya en 2019 fracasó un intento de despenalizar el aborto en caso de violación y deformación fetal. Si bien logró una mayoría simple en el Poder Legislativo, no logró la mayoría total necesaria para aprobarlo. Luego el entonces presidente Lenin Moreno envió un veto parcial respecto al intento de modificar el código penal.
En vista que no lo lograron por la vía penal, en 2020, en plena crisis sanitaria por causa del coronavirus, intentaron hacerlo incluyendo la eventual ley dentro del llamado «combo» del Código de la Salud (COS). Dicho código pretendía flexibilizar el acceso al aborto dentro del ámbito de la salud. Aunque logró una mayoría parlamentaria, Moreno lo vetó, dado que no abordaba la crisis sanitaria en absoluto.
Como no logró ser aprobado a nivel parlamentario, el activismo feminista apeló a la Corte Constitucional, quien la delegó a la Asamblea Nacional determinar los requisitos y límites, como las semanas de gestación en los cuales sería permitido el aborto.
En primera instancia intentaron despenalizarlo hasta el mismísimo nacimiento de la criatura, en caso de violación a una mujer adulta, y hasta el séptimo mes de gestación en el caso de menores. Debido a que médicamente solo se considera aborto hasta la semana 20/22, se apela al eufemismo “interrupción del embarazo”. Lo que en verdad se hace es inducir el parto, bien sea vaginal o por cesárea y se fuerza a la criatura a nacer prematura y, como la orden es poner fin a su vida, no recibe atención médica.
Dicho extremo fue rechazado por el pleno. Fue necesario bajar las semanas de gestación a 12 para ser aprobado. Sin embargo, permitía hasta las 16 semanas en caso de mujeres negras, indígenas y campesinas. Con lo cual el presidente Lasso vetó el proyecto de ley y señaló ese artículo por quebrar la igualdad de los derechos de los individuos ante la ley.
En nombre de la inclusión, el activismo feminista redujo el valor de la vida de las personas de dichas etnias y locación. Ante el veto presidencial, en un último intento por lograr despenalizar el aborto, la Asamblea Nacional del Ecuador envió el veto del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional.
De los 63 artículos del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional para despenalizar el aborto en caso de violación, el presidente Lasso modificó 61. Puso en práctica el veto parcial. De esa manera acataba la sentencia de la corte y a la vez ofrecía a las mujeres víctimas de violencia sexual más alternativas, menos violentas, como la adopción.
Pues tal y como estaba el proyecto de ley, si un médico se atrevía a sugerirlo debía pagar 20 sueldos mínimos. Además, mediante el veto, se pretende aumentar la protección a la mujer en cuanto exige denunciar al violador y evita que sea su propio abusador quien le lleve, incluso forzada, a abortar. Una corrección a la ley formulada por activistas feministas que no perseguía al violador.
Según el abogado ecuatoriano especializado en Derechos Humanos, Mario De Freitas: “En los casos de violaciones sistemáticas, este método perverso favorece al violador, quien nunca es denunciado, lleva a la niña o adolescente a abortar y sigue abusando de ella”.
Por eso y más, el esfuerzo está apuntado a perseguir al abusador y no a crear una nueva víctima: la criatura en el vientre. Pues el veto presidencial eliminó el término “derecho” del proyecto de ley. El aborto sigue siendo ilegal en Ecuador. En caso de aprobarse el veto, sería despenalizado en caso de violación como excepción.
