Desde el primer día de mandato, la Administración Biden eligió como Enemigo Público Número Uno a los votantes de Trump, agrupados bajo la absurda etiqueta de ‘supremacistas blancos’, y esta velada amenaza no ha quedado en mera declaración retórica: su fiscal general, Merrick Garland, ha activado la unidad antiterrorista del FBI contra los padres que, en las juntas escolares, se quejan contra el salvaje adoctrinamiento ideológico al que someten a sus hijos.
Un grupo de diputados republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha enviado a Garland una carta después de que un informante del FBI revelara que la División Antiterrorista del FBI está reuniendo y clasificando como «amenazas», con un apartado específico, protestas de padres contra el adoctrinamiento de sus hijos, especialmente con respecto a la llamada Teoría Racial Crítica TRC) -que viene a ser una ‘enmienda a la totalidad’ de la propia nación norteamericana-, a la Teoría de Género y a la obligatoriedad de las mascarillas con la excusa de la pandemia, a efectos de futuras investigaciones.
La carta señala que la declaración del informante, que aporta pruebas de su revelación, demuestra que «las fuerzas de seguridad movilizaron herramientas antiterroristas a petición de un grupo de interés de izquierdas contra padres preocupados» por lo que se enseñaba a sus hijos en los colegios, se afirma en la carta.
El mes pasado, durante una comparecencia parlamentaria, Garland negó la mayor, es decir, que hubiera dado instrucciones al FBI para investigar a los padres que se oponen a la TRC y los mandatos vacunales. Sin embargo, el propio Graland había anunciado con toda solemnidad el pasado 4 de octubre que se disponía a tomar medidas para proteger a los maestros y administradores escolares de supuestas amenazas de padres en las juntas escolares, amenazas de las que no pudo citar un solo caso.
Le salió el tiro por la culata y en seguida tuvo que recoger velas. En lugar de concitar la indignación de la ciudadanía contra esos inexistentes ‘padres amenazantes’, las declaraciones de Garland abrieron los ojos de padres de todo el país ante dos realidades de las que no eran conscientes, a saber: que en el colegio enseñaban a sus hijos una ideología radical de izquierdas que les animaba a odiar su país y que el propio gobierno federal iba a tratar como a terroristas a los padres que se quejaran.
Ahora entra el Departamento de Justicia, que anuncia su intención de estudiar cómo usar recursos federales para llevar a juicio a los padres protestones y asesorar a los fiscales en aquellos casos en los que no se haya vulnerado ninguna ley, además de instruir al personal escolar sobre cómo denunciar a los padres y preservar pruebas para ulteriores investigaciones.
Para acabar de arreglar el escándalo, resulta que la hija del fiscal, Rebecca Garland, está casada con el cofundador de una empresa dedicada a proveer a los colegios de material pedagógico sobre Teoría Racial Crítica, con lo que da toda la impresión de que el fiscal general está aprovechando su puesto para proteger el negocio de su yerno.
