El Gobierno español ha aprobado nuevas ayudas económicas al régimen cubano con el objetivo de «dinamizar y modernizar la administración pública en la isla».
Parte del dinero público serviría para la “transformación digital del sector público en Cuba” (125.000 euros) y el “equipamiento de seguridad” para la Oficina Nacional de Administración Tributaria (190.000), según documentos oficiales de España.
Las subvenciones del Gobierno español también prevén financiar el “desarrollo y puesta en marcha de un portal o plataforma web de inteligencia comercial” (45.000), la entrega de “material informático” al Instituto de Planificación Física de Cuba (135.000) y la “promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en Cuba” (213.856), entre otros.
Personas del exilio cubano han dejado claro no estar a favor de estas ayudas: «Estamos completamente en contra de que el régimen cubano reciba ayudas de carácter social o para el fomento del crecimiento económico. Habría que exigir, ante todo, el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia, antes de poder participar en esos programas. Esta es una cuestión que no admite discusión”, ha afirmado el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana.
Por otro lado, el analista político Carlos Cabrera ha recordado la poca fiabilidad del régimen cuando recibe recursos financieros: “No hay que olvidar la larga tradición que tiene el Gobierno cubano de hacer uso, a su antojo, de los recursos financieros que le llegan en materia de cooperación”.
Otra figura que se ha opuesto al apoyo político y económico europeo al régimen cubano, es el eurodiputado español Hermann Tertsch. Calificó de “vergonzoso” al acuerdo de Cuba con la UE, y advirtió que “solo sirve para financiar sus crímenes y nutrir a los aparatos represivos”.
No es la primera vez que las donaciones españolas o europeas al régimen cubano despiertan sospechas, debido a la falta de control sobre el destino de los fondos y al beneficio que reciben algunas instituciones que diseñan y ejecutan la represión en Cuba.
En junio pasado, exiliados denunciaron que la UE financió en 2019 con tres millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba, por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos.