El Gobierno ha cifrado en once los terroristas infiltrados entre inmigrantes ilegales que entraron a España desde 2018 en respuesta a una pregunta parlamentaria de VOX en el Congreso de los Diputados, que le reclamaba además las medidas adoptadas para enfrentarse a esta problemática.
«Cabe señalar que en la actualidad y desde 2018, han ingresado
preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen», señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito.
El Gobierno contestaba de forma así de escueta a sendas preguntas de la formación liderada por Santiago Abascal sobre medidas de refuerzo adoptadas en la lucha contra el terrorismo tras la crisis migratoria sufrida durante el año 2020, «así como previsiones acerca de adoptar alguna política efectiva en la lucha contra el terrorismo infiltrado por la inmigración».
VOX también solicitaba en otra pregunta el número de inmigrantes ilegales que han sido encarcelados preventivamente «por integración en una organización terrorista desde el año 2018, así como control posterior sobre la localización de dichos inmigrantes provenientes de países con una fuerte carga yihadista».
En su respuesta de 18 de febrero, el Gobierno realiza una breve introducción en la que dice que los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra el terrorismo «se encuentran amparados en la regulación de materias clasificadas, en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996».
Desde 2012, según datos del Ministerio del Interior acumulados hasta el 1 de marzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 412 personas vinculadas al terrorismo islamista en un total de 230 operaciones.
El Ejecutivo socialcomunista no ha precisado datos concretos tras una batería de preguntas por escrito firmadas por los diputados de VOX, entre otras cuestiones sobre las «órdenes de actuación impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar los traslados de inmigrantes irregulares desde las Islas Canarias a Granada y al resto de ciudades de España».
Se ha remitido al ámbito de competencias del Ministerio del Interior para señalar de forma sucinta que «no existe ninguna obligación legal por parte de la Policía Nacional de tener conocimiento del paradero de los inmigrantes irregulares una vez que quedan en libertad y tras ser identificados».
Más de 41.800 inmigrantes llegaron a España en 2020, un 29% más que en 2019, 23.023 de ellos a Canarias.
El pasado mes de diciembre, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional rechazó dos Proposiciones No de Ley presentadas por VOX para instar al Gobierno, por un lado, a declarar la llegada masiva de inmigrantes ilegales como «situación de interés para la Seguridad Nacional», y por otro, a «prevenir la infiltración yihadista a través de los flujos de inmigración ilegal».
«La situación que vive España en estos momentos y específicamente Canarias es de auténtica invasión migratoria», aseguró la diputada de VOX Macarena Olona, criticando la política de «efecto llamada» del Gobierno.
Este partido se remitía a «informaciones publicadas» para sostener que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas advierten de la «posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares».
