El hijo de Maduro persigue con la ayuda del exjuez prevaricador Baltasar Garzón a la abogada antichavista Tamara Suju

La opositora lidera la denuncia contra la dictadura en La Haya
Nicolás Maduro Guerra. Twitter

El juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, está nuevamente en el medio de una polémica. Esta vez por ser su bufete el encargado de ejercer la representación de Nicolás Maduro Guerra (hijo del tirano venezolano Nicolás Maduro) en una acción legal que ha emprendido ante la justicia española contra la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju.

“Nicolasito”, como también es conocido, busca adelantar una querella por difamación contra Suju, motivada a un mensaje colgado por la abogada en Twitter en enero de 2021. En el mismo aparece una fotografía del hijo de Maduro junto a otros dirigentes del régimen chavista acompañada de un texto en el que se alude a que éste forma parte de la plana mayor de una “banda mafiosa” que administra los recursos financieros y petroleros del país caribeño.

Nicolás Maduro Guerra forma parte, desde 2019, del listado de dirigentes chavistas contra los que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales, debido a las actuaciones en las que han incurrido, ayudando a sostener la maquinaria represiva y de blanqueo de capitales del régimen.

En lo referente a la firma legal de Garzón, es Javier Díaz Carreño el abogado que se ha encargado de la defensa de los intereses de “Nicolasito” ante el Tribunal Penal. El bufete International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad) alude que Suju habría incurrido en delitos “contra el honor” e “injurias” contra el hijo del tirano venezolano, todo ello “mediante publicidad de una serie de hechos y actos totalmente falsos”, de acuerdo a lo que señala ABC.

Garzón y su bufete tienen experiencia defendiendo a personeros del chavismo en el pasado. En 2019 fue noticia la polémica generada por el cobro que el exjuez hizo al conocido empresario chavista Wilmer Ruperti, a quien solicitó 1.85 millones de euros por elaborar un informe que debía contribuir a la defensa del narcotraficante Hugo “El Pollo” Carvajal y evitar, con ello, su extradición a los Estados Unidos. Al final Garzón nunca consignó el documento y fue apartado del equipo de abogados del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

En tiempos recientes la firma Ilocad estuvo vinculada en el caso del testaferro chavista colombiano Alex Saab, quien hace pocos meses fue extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos. En dicho caso el propio Garzón tuvo un papel no menos que estelar en la defensa de Saab ante la justicia caboverdiana.

Curiosamente, Vozpopuli reseña que el gran despegue económico de Garzón y su firma se ha dado justamente a partir de 2020, cuando por cierto resultó detenido Saab. Se estima que para ese año el bufete del exjuez ingresó 7,6 millones de euros por concepto de sus servicios profesionales, siendo el mismo el de mejor desempeño comercial durante toda su historia de existencia, desde que fue fundado, en 2012.

En lo referente al caso de Nicolás Maduro Guerra, Ilocad habría llevado este viernes a Suju ante el tribunal en una audiencia conciliatoria, buscando que esta última se retractase de sus aseveraciones contra “Nicolasito”. Sin embargo, la defensora de derechos humanos dejó en claro que no está dispuesta a pactar con el régimen ni con sus representantes legales.

«No voy a conciliar con una tiranía. No tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria que ha tenido el continente americano en toda su historia, con quienes han asesinado, detenido, torturado y violado a venezolanos, con quienes se aprovechan de las riquezas de Venezuela para enriquecerse, corromper y financiar partidos en el exterior”, precisó la abogada en Twitter.

Suju ha ejercido desde siempre posiciones frontales contra el régimen chavista, al punto de ser parte del grupo de venezolanos que han promovido la presentación de argumentos y pruebas para que Nicolás Maduro y los cabecillas de la tiranía sean llevados al banquillo en la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya.

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