El régimen de Daniel Ortega ha condenado este lunes a la excandidata presidencial Cristiana Chamorro y cuatro disidentes más, que forman parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica.
El juez Noveno del Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz, ha ratificado las condenas de entre siete y 15 años de prisión solicitadas por el régimen de Daniel Ortega contra cinco implicados en el caso FVBCH, según ha informado el diario ‘La Prensa’.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha confirmado este lunes de la condena de estos cinco opositores políticos: la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, condenada a ocho años de prisión por «lavado de dinero» y «apropiación indebida»; su hermano Joaquín Chamorro, a nueve años; su exconductor, Pedro Vásquez, a siete años por «lavado de dinero» y también el exadministrador y el excontador, Walter Gómez y Marcos Fletes, condenados a trece años.
«Son sentencias nulas (y) son inocentes. Exigimos libertad inmediata para exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro», ha denunciado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su perfil oficial de Twitter.
🔴 #SonSentenciasNulas #SonInocentes exigimos libertad inmediata para exdirectivos y extrabajadores de la @FVBCH#NoAMultasMillonarias #LibertadParaLasLosPresosPolíticos @CIDH @OACNUDH 👇🏻 pic.twitter.com/5royDivQ9C
— Cenidh (@cenidh) March 21, 2022
Chamorro, de 68 años de edad y periodista de profesión, se encuentra en arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. La Policía del régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, allanó la vivienda de la opositora y la detuvo ese día.
La opositora nicaragüense fue detenida por manifestar, supuestamente, sus aspiraciones de enfrentarse a Ortega y a Rosario Murillo en las elecciones celebradas el pasado 7 de noviembre. Según organismos defensores de Derechos Humanos consultados por ‘La Prensa’, el régimen de Nicaragua «nunca ha logrado demostrar ningún delito» en contra de «estos presos políticos».