El Congreso de Nicaragua aprobó el jueves una reforma legal que prohíbe a los bancos locales cerrar cuentas de personas objeto de sanciones internacionales, entre las que actualmente existen funcionarios de alto nivel, una medida criticada por un prominente grupo empresarial del país.
En los últimos tres años, autoridades de Estados Unidos han bloqueado activos y cuentas bancarias de 27 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del tirano Daniel Ortega, y tres de sus hijos, por violaciones de derechos humanos.
El cuerpo legislativo, de mayoría sandinista, reformó la ley de protección de los derechos de consumidores con 74 votos a favor y 14 en contra, alegando que los acuerdos entre bancos nacionales y extranjeros no pueden estar por encima de las leyes locales.
«No podemos tener instituciones financieras que decidan, al margen de la Constitución y las leyes, quién vive y quién muere en materia financiera», dijo Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento, y uno de los funcionarios nicaragüenses sancionados por Washington.
Los bancos nicaragüenses han estado preocupados durante mucho tiempo de que puedan quedar aislados del sistema financiero mundial al hacer negocios con la creciente cantidad de personas y empresas sancionadas, algo que el gobierno de Estados Unidos prohíbe estrictamente.
Para poder acceder al sistema bancario global, los bancos nicaragüenses dependen de los llamados bancos corresponsales, que suelen ser grandes instituciones bancarias globales que operan bajo las regulaciones estadounidenses.
«Esto conllevará el cierre de corresponsalías, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales y la cancelación de contratos con marcas de tarjetas de crédito», opinó la asociación empresarial más influyente del país, el Cosep, en un comunicado.
Washington comenzó a imponer sanciones contra los miembros de la familia Ortega y sus aliados luego de una ola de protestas contra el gobierno en 2018 que cuerpos de seguridad nicaragüenses reprimieron con dureza. Las manifestaciones dejaron más de 300 muertos, según grupos de derechos humanos.
