En el Perú, fuertemente golpeado por las restricciones que paralizaron la economía como consecuencia de la inmovilización social obligatoria para detener el avance del covid-19, las personas le temen más al hambre que al virus.
El país tuvo una de las cuarentenas más estrictas del mundo, provocando el cierre de las principales fuentes de ingreso de los hogares peruanos. A pesar de los esfuerzos por contener la propagación y frenar los contagios, la estrategia de encierro resultó ineficaz. No se tuvo en cuenta el comportamiento de los afectados: los pobres e informales que viven hacinados en viviendas sin ventilación, agua o desagüe.
Tampoco se previó la ola migratoria de Lima a las provincias. Miles de ciudadanos huían –en vehículos o a pie– de la capital de vuelta a sus regiones de origen porque ya no tenían recursos para pagar los alquileres de sus viviendas, mantenerse a sí mismos o a sus familias. Para mayo de este año, había 167 mil personas empadronadas que deseaban salir de Lima y que pedían ayuda a los gobiernos regionales para su traslado.
Los migrantes, que habían llegado a Lima en busca de mejores oportunidades de empleo o educación, apostaban por regresar a sus provincias para reducir las posibilidades de pasar hambre en la capital, mucho más cara que otras ciudades del interior. Esta situación desesperada no solo incluía a los peruanos, también a los venezolanos refugiados que han terminado en una situación de precariedad extrema.
Según reportó la Defensoría del Pueblo, el 89% de venezolanos residentes en el Perú perdieron su trabajo como resultado de la pandemia, el 39% estuvo en riesgo de desalojo y alrededor de 34 mil regresaron a su país.
Más miedo a quedarse sin comida que a contraer la enfermedad
Una investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el mes de abril arrojó que un 51% de la población tenía más miedo a quedarse sin recursos para alimentos que al coronavirus. En las provincias del interior del país el número incrementaba a 56%, mientras que en Lima el 41% de habitantes presentaba más temor a la falta de comida que a la enfermedad que recién empezaba a propagarse.
El nivel socioeconómico más preocupado por esto era el sector D/E, con un ingreso promedio mensual entre los $688 (€562) y $360 (€294). Un 57% de esta población se sentía vulnerable ante el cierre de las actividades económicas producto de la crisis sanitaria. En este mismo sector, un 59% había quedado sin empleo.
La campaña impulsada por el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, denominada “Quédate en casa”, había pasado por alto las enormes diferencias socioeconómicas y culturales del país, condenando a miles de peruanos que subsisten como trabajadores independientes con ingresos diarios, a pasar necesidad. Tras dos semanas de cuarentena total, y ante la extensión del estado de emergencia, muchos empezaron a saltarse las restricciones bajo el riesgo de quedar detenidos o contagiarse del virus con tal de generar ingresos para sus familias.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indicó que, durante el mes de mayo, un 14% de los hogares no pudo comprar alimentos con proteínas como carne, pescado y huevos por falta de dinero.
País con la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados por la pandemia
Aunque al inicio de la pandemia el Perú figuró en los rankings de los primeros países que impusieron restricciones y el de aquellos que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada por la suspensión de las actividades económicas, cinco meses después tenía la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, según la Universidad John Hopkins.
Si bien el gobierno de Martín Vizcarra había destinado entre el 9% y el 12% de su PIB para ayudar a la gente que había perdido su empleo -o autoempleo- y a las empresas que se hubieran quedado sin ingresos a causa del cierre de la economía, la miopía del gobierno y sus asesores sobre la realidad peruana pesó más que los discursos optimistas.
Numerosos factores provocaron la catástrofe. Por ejemplo, que más del 70% de la población económicamente activa vive de la economía informal o que se desempeña en oficios en los que obtiene ingresos día a día. Además, el reparto de los bonos de asistencia (de $105 –€85– y $210 –€171–) propició aglomeraciones en los bancos, pues debían cobrarlos personalmente al inicio de la pandemia –y solo un 38.1% de peruanos tiene cuenta bancaria–. Por otra parte, las personas se abastecían en mercados hacinados e insalubres.
“Los planes iniciales de alguna forma eran copia de las estrategias de Europa. Nos faltó ver que esas estrategias no necesariamente iban a ser exitosas aquí, con tanta informalidad. Nos faltó pensar en una solución distinta para nosotros”, dijo Hugo Ñopo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) a la BBC.
El peligro de una segunda ola
Una inminente segunda ola de contagios por covid-19 en el Perú aterra tanto al Gobierno como a los ciudadanos. El Estado se ve debilitado por los altos índices de desempleo, el PIB seriamente afectado (-30,2%, el peor registro en su historia) y la poca disponibilidad de camas UCI para atender a los enfermos. Por otra parte, la ciudadanía de a pie –y sobre todo a los pequeños empresarios– están ahogados por el largo confinamiento que paralizó casi todas las actividades y sumió al país en recesión.
Según Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), ante una segunda ola de covid-19 como viene ocurriendo en los países europeos, el Perú necesitaría 3200 camas UCI.
“Tenemos que estar atentos a la evolución de pacientes UCI porque en las últimas semanas han ingresado pacientes adultos mayores. De ser necesario, se debe volver a implementar las camas que sean necesarias si esta tendencia al incremento de contagios continúa”, explicó a Gestión.
Valverde señaló que el 75% de las camas UCI a nivel nacional son del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Seguridad Social (Essalud). El resto pertenece al sector privado, que contaría con camas de reserva.
Para el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, la tendencia que tiene el Perú aun no tiene las características de una segunda ola, pero si se deben tomar las precauciones y seguir de cerca el incremento de casos.
El pasado 17 de diciembre, el Colegio Médico del Perú recomendó como medidas para reducir la posibilidad de una segunda ola retroceder a la fase 3 de la reactivación económica, cambiar la hora del toque de queda por dos semanas (de 8 pm a 4 am) y realizar cuarentenas focalizadas según sea el caso en las distintas regiones. Descartó la propuesta de una cuarentena total entre el 22 de diciembre y el 6 de enero.
Por otro lado, a través de un comunicado pidió al Gobierno emitir información transparente sobre el retraso en la compra de vacunas contra el covid-19, así como mejorar las gestiones para asegurar las reservas de dosis que permitan iniciar el proceso de inmunización.
Además, invocó a la población a omitir los pronunciamientos de “sectores minoritarios” que niegan la eficacia de la vacunación. Consideraron que esta actitud atenta contra la salud de la población y debe ser públicamente denunciada con las implicancias penales que la ley contempla.
Aumenta número de personas que no se vacunarían
Un 40% de peruanos no se vacunaría si el Ministerio de Salud (Minsa) contara con una vacuna aprobada y de acceso gratuito, según una última encuesta nacional urbana realizada por Ipsos Perú por encargo del diario El Comercio.
Estas cifras señalarían que se trata de casi el doble de personas que no estaban dispuestas a vacunarse en agosto. Un sondeo hecho en ese mes indicaba que un 22% de los encuestados dijo no se vacunaría, frente al 75% que sí estaba de acuerdo con hacerlo.
Actualmente, el porcentaje de personas que desean vacunarse se encuentra en 57%. Para el infectólogo Augusto Tarazona, presidente de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, esto evidencia que el punto más débil en el combate contra la pandemia es la comunicación. “El temor se genera por desconocimiento”, dijo Tarazona al diario mencionado.
