«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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Deberá pasar tres años y cuatro meses en la cárcel

Encarcelan a un policía en Ecuador por abatir a un delincuente que trataba de atracar a un menor

El policía ecuatoriano Santiago Olmedo. Twitter

La indignación en Ecuador llegó desde la sociedad civil hasta al presidente, luego de que un tribunal sentenció a prisión a un policía por abatir a un delincuente en pleno ejercicio de sus funciones. Santiago Olmedo fue condenado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

No solo será privado de su libertad, los jueces también dispusieron que el policía debe pagar una “reparación integral” de 10.000 dólares por cada uno de los delincuentes abatidos. Además, le sancionaron con una multa de 10 salarios básicos, es decir 4.250 dólares.

“Es una pena injusta, pues se objetaron todas las pruebas presentadas por Fiscalía”, lamentó el abogado de Olmedo, Hugo Espín, quien asegura que apelará la sentencia.

“Mi cliente actuó conforme a derecho y arriesgando su vida por defender la vida de un menor. Él cumplió su labor de defender a la ciudadanía”, indicó el defensor. Añadió que “ningún policía sale a matar o a causar daño, sino a ejecutar acciones en defensa personal y de terceros, que es su misión constitucional”. 

Pero sus argumentos no fueron suficientes: el 19 de enero del 2022 Santiago Olmedo fue sentenciado. Dado que el policía llamó a una ambulancia para que pudiesen auxiliar a los heridos, su pena fue atenuada. Deberá pasar 3 años y 4 meses en la cárcel y no de 10 a 13 años de cárcel, como podría aplicar en su caso.

La sentencia atenuada no ha disminuido la sensación de inconformidad en la sociedad civil ni en las más altas esferas del poder. Pues el uniformado logró evitar el atraco contra un menor de edad y dio de baja a un criminal flagrante. En lugar de ser premiado y condecorado, fue castigado, fue un comentario común entre quienes se abanderaron de la campaña #IndultoParaSantiagoOlmedo, en defensa del policía que arriesgó su vida para defender a un menor.

#SantiagoOlmedo es tendencia en redes como Twitter en Ecuador. Luego de la resolución que se emitió este miércoles durante una audiencia en la provincia de Chimborazo. 

Lo más grave del asunto es que Ecuador sufre una crisis penitenciaria desde el año pasado, con motines que han resultado en centenares de muertos y mutilados, desde explosiones hasta desmembramientos con moto-sierra. Incluso una mujer policía fue violada durante un motín, con lo que un policía arrestado correría aún más riesgo, al ser un reo.

El caso está vigente desde el día que el uniformado sacó su arma, el 11 de julio de 2021. Olmedo vio cómo un adolescente estaba siendo asaltado por tres sospechosos con un arma blanca en la ciudad de Riobamba (provincia de Chimborazo). El policía intervino de inmediato y disparó contra los tres agresores. Dos murieron, uno en el sitio del robo y otro en un hospital. El tercer cómplice logró escapar. 

De acuerdo al Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador (COIP), el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se configura cuando un miembro de la fuerza pública “inobserva el uso progresivo o racional de la fuerza y produce la muerte de una persona”. 

La sanción contra los uniformados es tal que para octubre del 2020 había 900 policías procesados a nivel nacional por su accionar en el cumplimiento de su trabajo. La severidad de las penas contra las fuerzas del orden corresponde a una corriente político/ideológica imperante al momento de redactar el COIP: el socialismo del siglo XXI. No solo le quitó al ciudadano el derecho a la legítima defensa por medio de la portación de armas, también le quitó a la policía la potestad de defender a la ciudadanía. Por lo cual la Policía Nacional aguarda que el poder legislativo eleve a ley orgánica la norma que regula el uso de la fuerza y que el presidente indulte a quienes cumplen penas.

Casos como estos exponen la doctrina imperante en el sistema judicial la región, la llamada doctrina Zaffaroni, denominada así por el jurista argentino que actualmente está al servicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien a su vez fue el único magistrado que votó en contra de la libertad de prensa cuando la CIDH votó a favor del periodista Emilio Palacio Urrutia y el medio para el cual trabajaba, El Universo, fueron perseguidos por Rafael Correa por cuestionarlo.

En su natal Argentina existe un caso icónico similar al de Olmedo. El policía Luis Chocobar fue sentenciado y multado por abatir a un delincuente que apuñaló a un turista. Aunque el entonces presidente Mauricio Macri reconoció el mérito del policía, la justicia “garantista” falló en su contra.

“Sé que saldrá más fuerte de esto», aseguró el turista cuya vida salvó el policía argentino. Aún no puede creer que haya tenido que responder ante la justicia un policía por hacer su trabajo y encima por salvar la vida de una víctima de la delincuencia.

Para comprender la profundidad de casos como estos, es necesario entender la motivación política/ideológica de estos magistrados. El juez es promotor del garantismo foucaultiano que lleva su nombre, Zafarroni, victimiza a los delincuentes de la sociedad.

Por eso juristas destacados por su ética como Ismael Quintana han reprochado lo que sucede.

De igual manera, la ministra de Gobierno e incluso el presidente Guillermo Lasso cargan con el peso de no incurrir en el error de su predecesor, al entrometerse en la justicia. Sin embargo, tienen el poder de indultar cuando la justicia ha fallado injustamente, como la ciudadanía reclama en este caso.

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