El pasado 14 de septiembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley de inversión social, ley 2155 de 2021, que busca recaudar al menos 15,2 billones de pesos (3.386 millones de euros), con el fin de soportar el aumento en el gasto público para cubrir programas sociales como el ingreso solidario, el programa de apoyo al empleo formal – PAEF y la matrícula cero en universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3, entre otros. El presidente expresó que “este es el primer país del hemisferio que ya logra sacar una reforma social y fiscal de esta profundidad en medio de la pandemia. Esta es la reforma social más importante del siglo XXI en Colombia, mírelo por donde lo mire”.
La nueva ley, que es una reforma tributaria, retoma la senda emprendida por Colombia desde finales del siglo XX, en especial con la aprobación de la nueva carta política en 1991, que declara un Estado Social de Derecho, con aumento de impuestos a las empresas, al sistema financiero y a las personas naturales con más ingresos y patrimonio, para cubrir programas de gasto público. Paradójicamente, el actual gobierno había logrado promover una reforma que reducía la carga tributaria a los generadores de riqueza y trazaba un camino hacia tasas mucho más competitivas de tributación para las empresas, asunto que movió la campaña en 2018, en la que el hoy presidente prometía “menos impuestos y mejores salarios”, insistiendo además en reducir la burocracia estatal, ponerle freno al gasto público desbordado y “bajar impuestos para que esta economía se recupere”.
De hecho, en la ley 1943 de 2018, conocida en su momento como “Ley de financiamiento”, se establecía un impuesto de renta para las empresas de un 30% a partir de 2022, un descuento del 50% del gravamen a los movimientos financieros (en Colombia se cobra un 4 * 1000 en las transacciones diferentes al pago de nómina) en la declaración de renta, entre otras medidas que buscaban generar un escenario atractivo para la inversión y a favor de las empresas como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.
La pandemia del COVID19 cambió todo y a partir de ahora las empresas tendrán un impuesto de renta del 35%, superior al que debían pagar cuando el actual gobierno tomó posesión, y se pondrá fin a varios descuentos que se podían incluir en la declaración. El mismo presidente, defensor como candidato de bajar impuestos, apoyar a las empresas, reducir el gasto público y la burocracia estatal, hoy se encuentra ubicado hacia el centro izquierda, según el resultado del famoso cuestionario de The guardian, ante lo cual insiste en ser «el de la matrícula gratis, la renta básica llamada ingreso solidario, el del subsidio al empleo joven y el de la devolución del IVA a los pobres”.
No en vano, diferentes sectores han empezado a alertar sobre los efectos en el futuro de la actual reforma, pidiendo que no se concentren los discursos y aplausos únicamente en el efecto inmediato -lograr los recursos que requiere el gobierno para sus programas de gasto público- sino en la economía en toda su dimensión y complejidad. Camilo Guzmán, Director Ejecutivo del centro de pensamiento Libertank, por ejemplo, afirma que “la única forma de lograr reducir pobreza es creando riqueza, quienes la crean son las empresas privadas, y esta reforma golpea fuertemente a las empresas y espanta la inversión. Difícilmente logrará mejorar los indicadores de pobreza”. Esta era la tesis del hoy Presidente cuando era candidato.
Mientras tanto, la inflación está por encima del rango meta y se ubicó en el 4,4%, lo que ya proyecta un incremento por encima del salario mínimo, tal como lo ha hecho año tras año con el actual gobierno, alegando que es algo histórico. Ello implica que, además de tener que pagar más impuestos, las empresas tendrán que asumir el costo del incremento salarial que se decrete en los próximos meses, asunto que, hasta el momento, no preocupa sobre manera al gobierno que anuncia un crecimiento económico superior al 7% en 2021.
Es muy probable que esto ocurra, pues la reactivación se ha dado, incluso superando los pronósticos más optimistas. No obstante, la generación de empleo no ha seguido esta tendencia y el desempleo se mantiene por encima del 14%. Las empresas pagarán más a sus empleados y al Estado. Algunos celebran esto como algo muy positivo, pero suelen olvidar que la mitad de los colombianos están en la informalidad y que depender del Estado no es propiamente salir de la pobreza.
