'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
HAY 10 PRECANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

La división en la oposición nicaragüense allana el camino al dictador Ortega

Dos de los bloques opositores de Nicaragua presentaron por separado sus precandidatos presidenciales para elegir a los aspirantes que podrían competir contra el dictador Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre. La Alianza Ciudadana presentó cuatro precandidatos, mientras que la Coalición Nacional presentó a seis.

Hasta ahora, la oposición permanece dividida en tres grupos. Dos de las plataformas se organizan para ir a las elecciones y un tercer bloque no se siente representado por las dos primeras expresiones políticas o no respalda ir a elecciones con Ortega por considerar que sería legitimar unos comicios cuyo origen está viciado. A juicio del consultor jurídico Oscar Carrión, el tercer grupo es el mayoritario.

La hija de la expresidente Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, a quien la encuestadora Cid Gallup daba el mayor porcentaje de aprobación en febrero, quedó fuera del proceso de inscripción de precandidaturas y alegó que mientras no exista “unidad” en los grupos de oposición no se inscribiría. Técnicamente quedó fuera de la competencia interna porque ambas plataformas ya cerraron los procesos de inscripción.

La Coalición Nacional que aglutina a distintos grupos políticos y sociales –en su mayoría de izquierda– presentó el 2 de mayo a sus seis precandidatos para elegir al aspirante presidencial. El evento político se inició con un minuto de silencio en memoria de los asesinados por el régimen Ortega-Murillo, pero concluyó con bailes del Palo de Mayo, una alegra danza afrocaribeña.

Por su parte, la Alianza Ciudadana –de corte centro derecha– ya inscribió a cuatro precandidatos, pero hasta ahora parece poco probable que trasciendan.

La casilla de la Alianza Ciudadana es considerada “clave” por Chamorro, quien se niega a aliarse con los sandinistas que gobernaron con Ortega durante la primera dictadura (Movimiento Renovador Sandinista, llamado Unamos a partir de enero).

La casilla electoral de la Alianza Ciudadana es la de Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuyas diferencias con la Coalición Nacional son ideológicas.

Este pueblo no es de izquierda. La responsabilidad de todo lo que sucedió en los 80 está aún representada por personas de la Coalición (…) No estamos de acuerdo ni creo que lo vayamos a estar, esa es la realidad”, dijo durante una entrevista la presidenta de CxL, Kitty Monterrey.

El precandidato presidencial Félix Maradiaga, de la izquierdista Unidad Azul y Blanco (UNAB), que integra la Coalición –quien prometió renunciar en mayo si la oposición no se unía– dijo que seguirán “buscando la unidad” para lograr un acuerdo, y le tomarán la palabra al precandidato Arturo Cruz, de la Alianza Ciudadana, quien afirmó que se reunirían con los precandidatos de la Coalición Nacional.

Consultado sobre las declaraciones del precandidato de la UNAB, José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que integra la Alianza Ciudadana dijo que no hay acercamientos. “Hay mucho discurso sobre la unidad, una saturación de palabras y llamados vacíos. En estos momentos no hay acercamientos serios, cada bloque, los dos más grandes, están en sus procesos de escoger sus candidatos presidenciales. Creo que, para enfrentar a Ortega, si se va a elecciones, la unidad es vital”, aseveró.

“Creo que podría venir un momento oportuno cuando se sepa en qué quedaron las reformas electorales para poder desarrollar una campaña electoral. Ahí habría que decidir si se va o no, y si se va, tendrían que darse los pasos para construir una única plataforma electoral y un candidato único. Yo confío en que la unidad vendrá cuando se decida ir a las elecciones, si hay condiciones aceptables”, subrayó el representante.

No hay condiciones para ir a elecciones

Carrión sostienen que no hay condiciones adecuadas para participar en una contienda. “Se desperdició mucho tiempo entre los dos bloques que se disputaban la hegemonía opositora frente a la dictadura cuando, en realidad, ni una ni otra por separado; ni siquiera ambas juntas, logran atraer al segmento más grande de la población que no se siente a plenitud representada en esas expresiones políticas”, acotó.

A juicio del jurista, existe una disputa por liderar la oposición. Y es que los sandinistas disidentes se atribuyen las protestas de abril.

“Lamentablemente la pugna por intereses, la disputa de liderazgos, la pérdida de beligerancia frente a la dictadura y el distanciamiento con el discurso y las demandas más sensibles de la población fueron minando las posibilidades de unificación frente al régimen. Agendas ocultas, intereses extraños y falta de voluntad política de algunos sectores que pretendieron hegemonizar la conducción de la lucha cívica”, son entre otros, los factores que para Carrión han obstaculizado la unidad frente a la dictadura.

Las encuestas revelan que más del 70 por ciento de la población no respalda a Ortega. La encuesta de febrero de Cid Gallup, revela que un 25% de la población apoya al régimen Ortega-Murillo.

“Habrá que encontrar una forma en la que esa falta de identidad del segmento mayoritario de la población no termine beneficiando necesariamente la estrategia de dispersión y desmotivación con que la dictadura pretende aumentar la abstención y potenciar junto a la rigidez de las reglas electorales sus posibilidades de retener el poder sin perjuicio de sus acostumbrados mecanismos fraudulentos que en diversas modalidades ha ejecutado en los últimos procesos electorales”, acotó.

Y mientras la oposición permanece dividida y la dictadura fortalece sus mecanismos para el fraude electoral y continuar en el poder, Estados Unidos hizo un llamado a Ortega a realizar reformas electorales que permitan a los nicaragüenses elegir a sus representantes en elecciones libres y creíbles. 

Ortega realiza de última hora “reformas electorales” y “cambio” de magistrados en el tribunal electoral, en un intento de vender ante la comunidad internacional que cumple con sus demandas, pero esas iniciativas pretenden “maquillar” las intenciones de permanencia de Ortega en el poder porque las reformas quieren inhibir candidatos, y los propuestos para magistrados son sandinistas y aliados del dictador.

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