La izquierda y el feminismo se oponen a perseguir las denuncias falsas de violencia contra la mujer en Argentina

PORQUE 'GENERA CONFUSIÓN'

A raíz de la conmoción pública que ocasionó en Argentina las repercusiones del crimen de un joven de 22 años asesinado por su mujer, legisladores de la oposición presentaron un proyecto de ley para los casos en que es la mujer la que ataca al varón.

El hecho tuvo un gran impacto en la sociedad y fue repudiado de inmediato apenas se hizo público a través de las redes sociales, un vídeo estremecedor del momento en que se produjo el ataque.

Hace pocos días, en la localidad de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires, Alejo Oroño de tan sólo 22 años y papá de un bebé de 18 meses, fue apuñalado en el pecho por la madre de su hijo .

Según el relato de sus familiares y el testimonio de amigos cercanos, el joven asesinado había intentado radicar una denuncia por maltrato y violencia, pero en la dependencia policial no se la quisieron registrar.
“A él le daba vergüenza denunciarla”, expresó su prima.

Tras el asesinato, diputados de la oposición de Juntos por el Cambio impulsaron un proyecto de ley donde, entre otras consideraciones, se realizará una “capacitación obligatoria para el personal del Estado, una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual”, describe el texto.

Además, la denominada ley Alejo tipifica las “falsas denuncias por violencia de género y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica”. “A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, se denuncia en el proyecto al explicar caso testigo.

“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada por el diputado Eduardo Cáceres.

La propuesta busca también ampliar la “Ley Micaela” para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, señalaron sus impulsores.

Por su parte, diversos sectores del feminismo local salieron a repudiar el proyecto: “lo que se quiere hacer con esta iniciativa es generar confusión, así como también busca un golpe de efecto y no hace más que amparar a abusadores, violadores y victimarios”.

 “Me parece una aberración, que confunde y va en contra de todo lo que determina nuestra legislación. No solamente la Ley Micaela, sino que desconoce los pactos internacionales a los que Argentina está suscripta. Donde tiene asiento la asimetría que vivimos mujeres y diversidades en sociedades patriarcales como la nuestra”, afirmó, la funcionaria y abogada feminista Claudia Perugino, Coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD).

Como antecedente vecino, cabe señalar que desde los años 90’ en Chile la legislación sobre violencia intrafamiliar incluye un artículo en la ley 19.325 que caracteriza la violencia doméstica hacia el varón. Un estudio realizado en ese país constata una baja cifra de denuncias de varones en comparación con las mujeres, pero destaca como la principal agresión a la violencia psicológica, traducida en descalificaciones, insultos, y en menor medida, en violencia física.

En Argentina la mayor cantidad de denuncias recibidas por violencia de género son realizadas por mujeres. Pese a ello, existe un porcentaje de hombres que también denuncian haber sufrido en alguna ocasión “violencia por parte de su ex pareja”.

Los varones, en su mayoría, ocultan la violencia femenina y no la dan a conocer. No cuentan con apoyo legal, les genera miedo y los expone al ridículo. Además, los diversos problemas familiares y la credibilidad son parte de la situación que los rodea.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno argentino acaba de anunciar la creación de un organismo para el abordaje de “femicidios, travesticidios y transfemicidios”.

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