El comportamiento de los venezolanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) está plagado de contradicciones; aunque también ha habido algunos aciertos.
Del lado del régimen de Maduro, mientras su fiscal, Tarek William Saab, intenta demostrar que en Venezuela no se cometen delitos de lesa humanidad, el servicio de inteligencia detuvo -a plena luz del día- a Javier Tarazona, un reconocido defensor de los derechos humanos, y encima lo imputaron por «traición a la patria».
Pero además, el Fiscal reconoció en rueda de prensa el pasado 1 de Mayo que el joven Juan Pablo Pernalete, el concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del régimen, cuando antes y durante al menos tres años, altos funcionarios del régimen -incluido el propio Saab- lo negaron tajantemente. Para algunos analistas, el cambio en la narrativa obedece a “una estratagema para que la Corte Penal Internacional no juzgue al régimen de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad que quedaron recogidos en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU».
Por tales motivos, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó el recurso presentado por Saab que denunciaba un «trato discriminatorio» en el examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Del lado de la oposición, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó se la pasa acusando verbalmente a Maduro por delitos de lesa humanidad, sus operadores se reúnen con el oficialismo para acordar unos comicios. Una de dos: o Maduro es un reo de crímenes contra la humanidad o es un político con quien se puede pactar para ir a elecciones, pero no las dos cosas a la vez.
Es por ello que el dirigente Antonio Ledezma escribió en su cuenta de Twitter: «Contradicción inexplicable: Mientras en la Corte Penal Internacional avanza juicio contra Maduro y mafias por crímenes de lesa humanidad, dentro de Venezuela hay quienes jugaran a las elecciones para que Maduro simule que es un demócrata. Difícil de justificar semejante dualidad».
En cuanto a los aciertos, hay quienes vienen trabajando calladamente para sustentar con abundantes pruebas el caso contra Maduro ante la CPI, entre ellos, Tamara Sujú.
Por su parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que a más tardar el próximo 23 de julio emitirá una decisión sobre si admite o no la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; todo indica que sí será admitida.
Este hecho podría significar una extraordinaria oportunidad para lograr un cambio en Venezuela, si es que se aprovecha debidamente; porque como es sabido, los delitos de lesa humanidad no prescriben, no están sujetos a una jurisdicción particular, ni pueden revertirse como resultado de acuerdos políticos.
Por tanto, si Maduro y algunos de sus aliados son formalmente enjuiciados ante la Corte Penal Internacional, no muchos militares estarían propensos a acompañarlos. Por el contrario, más bien estarían dispuestos a entregar la cabeza de Maduro para salvar la propia.
Esperemos que la dirigencia opositora sepa interpretar este momento histórico y no lo tire por la borda, como ha ocurrido tantas veces durante estos últimos 20 años.
