El Ejército de Nicaragua y sus millonarios negocios están en la mira de Estados Unidos tras la promulgación de la Ley “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” (RENACER, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Joe Biden, y dirigida a sancionar los abusos y corrupción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a sus colaboradores.
El Ejército, señalado de complicidad en la represión y crímenes cometidos por el régimen sandinista, posee millonarias inversiones en Nicaragua y en el exterior. Esos negocios que se manejan como “secreto de Estado”, se encuentran en la Bolsa de Valores de New York, en las áreas de la construcción, inmobiliaria, comercio, turismo, venta de servicios de salud, entre otras inversiones.
El jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que desde el 2010 está al frente de esa institución y ejerce su tercer periodo consecutivo por su lealtad a Ortega, fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020, por estar “alineado políticamente” al régimen y haber participado en la represión en el suministro de armas a los grupos paramilitares que el régimen organizó durante las protestas de abril 2018. El jefe militar se negó a desmantelar las fuerzas paramilitares que operan en el país, pese al mandato establecido por la Constitución.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado sobre la designación de sanciones al jefe del Ejército.
Tras las sanciones a Avilés, el Ejército vendió las acciones bancarias que poseía en el Banco de Finanzas (BDF), para proteger sus millonarias inversiones ante el temor que las sanciones se extendieran a la institución castrense.
Hasta 2012, las inversiones del Ejército se aproximaban a los 100 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje elaborado por el portal digital nicaragüense Confidencial.
El 35% de esos fondos estaban invertidos en bonos en Estados Unidos, de acuerdo con una auditoria de la firma Deloitte & Touche, que revela que 2002 al 2009 el patrimonio militar se incrementó de 29.5 millones a 72.3 millones de dólares.
Casi 10 años después de esa auditoria las cifras podrían haberse triplicado.
Informes de inteligencia
La ley RENACER, que entró en vigencia tras la firma de Biden, establece un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en Nicaragua, incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés).
CAATSA fue promulgada en agosto de 2017 por el entonces presidente Donald Trump para responsabilizar a Rusia, Irán y Corea del Norte por sus «acciones desestabilizadoras» en detrimento de Estados Unidos y otros países.
Desde entonces, la Ley CAATSA ha designado sanciones a decenas de organizaciones en las áreas de defensa e inteligencia de Rusia y sanciones a países que han participado en negocios de armas con Rusia.
La Ley RENACER establece sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus colaboracionistas, así como nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción de Ortega y su familia, igualmente los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.
La legislación también requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones contra actores clave del régimen de Ortega y expanda la coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
Para un experto nicaragüense en finanzas que prefiere mantener en reserva su identidad por razones de seguridad, RENACER no toca lo principal: las finanzas del Ejército.
“No toca la clave principal para darle un giro la crisis en Nicaragua que son los fondos del Ejército en bancos estadounidenses que son varios centenares de millones. El congelamiento de estos fondos es lo que podría hacer cambiar de opinión a los militares”, afirma el experto.
Las fuerzas armadas son el sostén que mantiene a Ortega en el poder.
Otro experto en leyes, asegura que Estados Unidos tenía otras herramientas para sancionar a Ortega como la Ley Nica Act, que ha estado subutilizada. Cree que el cambio en la Casa Blanca ha flexibilizado su política contra Ortega y tiene dudas sobre el impacto que las sanciones pudieran tener contra el régimen y los militares.
“Al avisar de la aplicación de la ley con tanta anticipación le permite a los eventuales sancionados no sólo retirar sus fondos de cuentas internacionales y transferir sus acciones sino que a lo interno les permite cambiar la razón social de muchos de sus negocios, evadir, burlar y evitar las consecuencias que debería tener cualquier medida de presión que les sea aplicada y eso le permite al régimen, a sus socios, aliados y cómplices evadir el peso de las medidas que ha costado tanto tiempo para su aprobación y después para su aplicación”, dijo el abogado.
“Yo espero que con este nuevo instrumento legal en conjunto con la Nica Act, la dirijan al Ejército. Tengo mis reservas que la vayan a aplicar”, afirmó el experto.
Más armas en Nicaragua
Nicaragua gestiona la compra de armas a Rusia. El régimen nicaragüense solicitó apoyo a ese país para obtener armas modernas y preparación de los militares con el fin de enfrentar “amenazas” contra el terrorismo. La solicitud también la hizo Cuba y Venezuela, las otras dos dictaduras de la región.
La solicitud fue revelada por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, durante la novena conferencia de seguridad en Moscú durante la ola de arrestos que ejecutaba el régimen Ortega-Murillo contra opositores y disidentes sandinistas que gobernaron durante la dictadura izquierdista de los 80.
También han arremetido contra empresarios que tomaron distancia del dictador después de los crímenes cometidos por el régimen tras el estallido social de abril de 2018.
La ‘alianza‘
La alianza entre Rusia y Nicaragua permitió la creación del Centro de Capacitación contra el Narcotráfico de la Federación en la nación centroamericana, inaugurado en octubre de 2017 por Rosario Murillo con la “capacitación” a oficiales nicaragüenses.
En abril de 2018, 12 días antes del estallido social, el centro ruso-nicaragüense “antidrogas” impartió un seminario de un mes a policías de varios países como El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y México.
La presencia rusa en Nicaragua se ha extendido. El país euroasiático tiene una base satelital en Managua, ubicada en el sector de Nejapa, acordada entre ambos países en enero de 2016. Se trata de una estación terrestre del Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass), la versión rusa del GPS de Estados Unidos y el Galileo en Europa.
En 2016 Nicaragua compró a Rusia 50 tanques modelo T-72B1, aunque el jefe del Ejército Julio César Avilés dijo en ese momento que se trataba de una donación de Rusia “sin condiciones de ninguna naturaleza”, con lo que negaba informaciones de que el costo de los tanques adquiridos era por la suma de 80 millones de dólares.
