El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la creación de un banco que brindará microcréditos para pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía después de dos años de encierro y paralización económica.
El nuevo banco público iniciará funciones «con una cartera saneada», según el presidente. Arrancará con activos por 5.000 millones de dólares. Habrá fondos disponibles para la entrega de crédito por 1.800 millones y un patrimonio de 1.600 millones de dólares.
El Banco de Fomento Económico, cuyo lanzamiento se oficializó el pasado lunes, operará a partir del 1 de enero de 2023 y consiste de una fusión entre la Corporación Financiera Nacional (CFN) y BanEcuador.
Se ha creado por medio del Decreto Ejecutivo 406 y de acuerdo a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Dicha normativa se implementó tras la pandemia del coronavirus y está vigente desde noviembre de 2021.
Así, frente a la inquietud respecto a cómo esta institución se distingue de las ya existentes, Lasso explicó que la entidad tendrá mayor capacidad para captar recursos a través de las instituciones multilaterales de crédito y del mercado local e internacional. Como tal, podrá otorgar créditos a bajo costo a todos los sectores productivos del país.
Con la creación del nuevo Banco de Fomento Económico incrementaremos las oportunidades, los créditos y el empleo. ¡La reactivación continúa! pic.twitter.com/NO1ikv28LJ
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 26, 2022
A su vez, el presidente del directorio de la CFN y BanEcuador, Iván Andrade, detalló que la creación del nuevo banco busca revertir «la práctica instaurada de dar créditos millonarios a pocas empresas con recursos de la banca pública».
La recuperación de fondos incautados mediante juicios será clave para la obtención de recursos. Con «cada decena de millones que se recuperen de los juicios se podrían entregar 100.000 nuevos préstamos por USD 10.000 cada uno», detalló Andrade.
Lasso explicó que hay alrededor de 100 juicios coactivos. De allí se extraerían 400 millones de dólares. De manera que los casos de corrupción e infracción al imperio de la ley financiarían a los más necesitados, devolviendo lo robado. De esta manera se lograría una «democratización» de los fondos para poner fin a los monopolios existentes y favorecer a las bases productivas. El Gobierno de Lasso señala que esta fusión permitiría ahorrar alrededor de 25 millones al año.
En lugar de beneficiar a quienes menos tienen, Andrade explicó que en gobiernos anteriores se benefició a 419 empresas con créditos por 1,15 millones de dólares. De acuerdo al cálculo, cada una recibió en promedio 4 millones de dólares.
Lasso denunció los privilegios obtenidos por los aliados del Socialismo del Siglo XXI, ya que los créditos de la CFN no eran para fines productivos. «Eran préstamos para los amigos de los presidentes (Rafael) Correa y (Lenín) Moreno», exclamó. Para revertir este amiguismo, el Gobierno de Lasso fusionó ambas entidades para otorgar crédito a bajo costo y a largo plazo enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas (mypime) «que son la fuente de ingresos y sustento de los compatriotas».
Aunque la propuesta es aparentemente beneficiosa, la inconformidad ciudadana sigue latente. Cuando el presidente Lasso anunció el lanzamiento del Banco en redes sociales, la mayoría de los comentarios fueron contrarios. Los usuarios reclamaron que la criminalidad que hay en el país y la seguridad sean la prioridad del presidente.
El sentir en las redes sociales refleja la opinión pública tanto de sus detractores como simpatizantes. Muchos afirman que de nada sirve tener recursos si otros los van a robar. La falta de seguridad que denuncian aplica no solo a la delincuencia común, sino también al crimen organizado.
Esto va de la mano del duro golpe que ha recibido la justicia en el país. Ha habido una ola de habeas corpus entregados por parte de jueces liberar a criminales, entre ellos al exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, quien estaba bajo arresto por su rol en la corrupción de la red Odebrecht. Esto ha enfurecido a la población porque insinúa un pacto de gobernabilidad. Al tener Lasso minoría en el poder legislativo, el grueso de la población acusa que permitió la liberación de Glas para poder avanzar sus reformas.
Su gestión sostiene que no, que lo que ha procurado es respetar la independencia de poderes que desapareció durante el periodo del Socialismo del Siglo XXI, cuando el Ejecutivo controlaba el poder legislativo y judicial.
Actualmente, hay acciones judiciales presentadas contra los jueces que liberaron criminales. Pero mientras Glas siga fuera de prisión, la inconformidad ciudadana persiste, salvo en los sectores izquierdistas que vieron liberado a uno de los suyos.
Por eso, con el crimen rampante en las calles y las cárceles (que fue la excusa para liberar a Glas, porque le afectaba a su salud la violencia que se vive en prisión), donde la violencia ha llegado a niveles de barbarie, la ciudadanía pide -más que créditos entregados por un nuevo banco del Estado- tener la seguridad de caminar libremente en las calles del país, sin temer perder su vida o su patrimonio.
