Cada cierto tiempo –corto, a decir verdad– en Colombia se discute un tema que a más de uno pone a temblar: la reforma tributaria. En los últimos veinte años, el país ha tenido doce.
El gobierno de Duque ha reunido los comentarios de la comisión de expertos en beneficios tributarios y, en cabeza del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, lanzará una propuesta de reforma tributaria en los próximos días que será debatida en el Congreso.
La comisión está conformada por los expertos internacionales abogados, economistas y tributaristas: David Rosenbloom (Estados Unidos), Brian Arnold (Canadá), Jeffrey Owens (Inglaterra), Pascal Saint-Amans (Francia) y Kent Smetters (Estados Unidos).
Con respecto a la reforma el presidente afirmó: “Ni es mi actitud, ni es mi talante, y jamás le dejaré a ningún gobierno enquistada una bomba de tiempo (…) esta tiene que ser una discusión de modelo de país”.
Las razones de la tributaria
Con esta reforma se busca responder al aumento de la deuda en que se incurrió para atender la pandemia. Estos gastos fueron especialmente en el rubro de salud, de transferencias a familias a través del programa de Ingreso Solidario y de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Colombia necesita subir sus rentas fiscales alrededor de 12 billones de pesos. El costo fiscal anual de los beneficios tributarios es de 69.1 billones de pesos.
La comisión de expertos afirmó en el informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) que la carga tributaria principal recae sobre las empresas, que el mercado laboral presenta altos niveles de informalidad –alrededor del 50% de la fuerza laboral colombiana– y que 3 de cada 4 empresas no pagan impuestos ni están registradas. Por tanto, consideran que debe ampliarse la base gravable. Es decir que, más gente debe declarar.
De no hacerse, el déficit fiscal afectará la calificación de riesgo internacional del país, poniendo en tela de juicio el grado de inversión e inserción en mercados internacionales, que a su vez serán clave para recuperar la economía de la crisis.
Adicionalmente, se busca sostener el programa masivo de asistencialismo estatal que implementará el gobierno, denominado “Agenda de Transformación Social”. Este plan está dirigido a 20 millones de colombianos –poco menos de la mitad de la población del país–.
La Propuesta
Tomando en cuenta las recomendaciones de la comisión, el foco principal será la renta de personas naturales, la eliminación de exenciones y exclusiones del estatuto tributario, gravar las pensiones altas y reducir las deducciones básicas.
Además, se buscará garantizar que el mecanismo de compensación del IVA llegue a la población de bajos recursos, al ampliarse la base.
También está incrementar la tarifa reducida del IVA del 5% para que oscile entre el 10 y 12%, incluir las zonas francas dentro del régimen tributario de IVA. Entre otras reformas que pronto saldrán para debatirse en el Congreso.
Para evaluar una propuesta
Hay varios conceptos a tomar en consideración antes de evaluar una propuesta tributaria.
En primer lugar, están los impuestos. Estos son porcentajes o montos fijos que se cobran tanto a personas naturales como jurídicas según el tipo de transacciones que estas efectúen. Generan distorsiones en el mercado, especialmente en las decisiones de los agentes en cuanto a ahorro, oferta de trabajo, inversión y estructuras organizacionales, y representan el principal ingreso para el funcionamiento del Estado.
Un sistema tributario óptimo debe ser simple e introducir la menor distorsión posible en el mercado. Debe ser resistente a la corrupción.
En segundo lugar, están los tratamientos especiales en el sistema tributario. Por un lado, están las exenciones –que son bienes y servicios a los que se descuenta el IVA de los insumos pagados– y por el otro están las exclusiones –que son bienes y servicios que no causan impuesto–. Por último, están las tarifas diferenciales, que son porcentajes distintos según el producto, el nivel de ingreso o el tipo de persona –natural o jurídica–.
En tercer lugar, está el concepto de sistema fiscal. Este no solo comprende los ingresos por impuestos, rendimientos de empresas estatales y deuda -impuestos futuros-, sino también el gasto público.
El gasto público involucra nómina de todos los funcionarios, sostenimiento de instalaciones, programas sociales, pagos de deuda externa, entre otros.
Como en toda sociedad privada, el Estado antes de analizar una reforma a los ingresos -impuestos-, debe analizar los egresos.
En el contexto colombiano confluyen cuatro variables: inicio del año electoral, deuda y gasto público desbordados por atención a la pandemia, cultura paternalista y gasto público elevado e ineficiente.
Las elecciones de 2022 se acercan y cada movimiento político actúa pensando en ellas, especialmente ahora que la economía empieza a recuperarse por la reactivación y los gobiernos empiezan igualmente a asumir los múltiples compromisos económicos que adquirieron para atender cuarentenas estrictas prolongadas que sumieron en la pobreza a gran parte de la población.
El gasto público aumentó notoriamente y la deuda pública interna y externa ascendió a $180.507 millones de dólares, tomando en cuenta, además, que no se logró el recaudo esperado dada la crisis económica.
La deuda aumentó 23.7% con respecto al porcentaje del PIB, pasando de 48.6% en 2019 a 61.4% en 2020.
Siempre será más fácil pedir las cosas regaladas que trabajar por ellas. Pareciera que en Colombia cada vez va creciendo la demanda por más Estado en cada aspecto del individuo, no solo con respecto a seguridad, justicia, defensa y servicios; sino también en cómo transportarse, qué comer, cómo educarse, qué casa recibir en subsidio para vivir o qué vestir.
Resulta irónico que aquellos que demandan subsidios se quejan por el aumento de los impuestos.
La mejor política siempre será generar empleo privado y eficiente. Lejos de educar al pueblo para recibir todo. Esto se logra disminuyendo cargas impositivas y regulaciones para crear empresa y emplear. Además, se requiere una disminución radical del gasto público y el tamaño del Estado. Las empresas no necesitan un subsidio de nómina, necesitan que las dejen crecer, abrir mercados, transformarse tecnológicamente, adaptarse y emplear el mejor talento posible.
