MIAMI – A más de un mes del inicio de las redadas en contra de una veintena de opositores a quienes el régimen de Daniel Ortega acusa de “menoscabar la soberanía” y de supuesto “lavado de dinero”, poco se sabe de su situación legal. Permanecen aislados, sin acceso a visitas familiares y sin derecho a la defensa, pues no les permiten acceso a sus abogados.
21 opositores guardan prisión, entre ellos cinco aspirantes presidenciales. También dirigentes políticos, sociales, gremiales y periodistas han sido encarcelados desde el pasado 2 de junio bajo la llamada Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, por “incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Solo la aspirante presidencial Cristiana Chamorro es acusada por el régimen de supuesto lavado de dinero a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Los familiares de los detenidos califican el caso como “desaparición forzada” porque, aunque la policía se los llevó en presencia de testigos y luego publicó comunicados informando sobre sus detenciones y las acusaciones que enfrentan, nadie los ha podido ver y constatar el lugar donde están o las condiciones en que se encuentran.
La situación antes descrita genera sospechas de que podrían estar siendo torturados, tal como hicieron la policía y los paramilitares contra los presos políticos durante las protestas de abril de 2018.
Una fuente, que por razones de seguridad prefiere omitir su nombre, dijo que los 21 opositores presos se encuentran totalmente incomunicados.
“No se sabe su condición de salud, no les reciben las medicinas, la guardia no recibe los alimentos, solo agua, y eso afecta a los familiares que temen por la vida de los encarcelados”, afirmó.
“El régimen está actuando de manera cruel, dos de las encarceladas tienen hijos pequeños. Suyen Barahona tiene un niño de 4 años y Tamara Dávila tiene una niña de 5 años. A la última la detuvieron en presencia de la menor”, señaló.
Ambas pertenecen al partido Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS, cuyos fundadores son excamaradas de Daniel Ortega –gobernaron con él durante el primer régimen sandinista–, pero hoy han sido encarcelados.
La abogada Yonarqui Martínez, asesora del Comité de Madres y Familiares de Presos Políticos, dijo que la Ley 1055 establece que el Juez podrá –a petición del Ministerio Público (MP)– poner en prisión preventiva a los investigados antes de cualquier acusación, esto con el fin de que los “encausados” no evadan la justicia, no abandonen el país y continuar con las “investigaciones”.
A los 21 encarcelados les han dictado prisión preventiva por 90 días –período establecido por la ley sandinista– y desde entonces permanecen en total aislamiento.
La 1055 es una de las cuatro leyes que el régimen sandinista aprobó a finales del 2020 como un paquete de herramientas “legales” que emplea contra la oposición para evitar que puedan participar en las elecciones de noviembre próximo en las que Ortega se perfila nuevamente como el candidato del Frente Sandinista de Liberación (FSLN). Ese partido no ha tenido otro candidato desde 1984.
Las otras leyes represivas son la de “cadena perpetua”, la Ley de “Regulación de Agentes Extranjeros”, que ha obligado a varios organismos no gubernamentales (ONG) a cerrar operaciones en Nicaragua; y la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue censurar a los pocos medios de comunicación y plataformas digitales críticos al régimen.
Violeta Granera es una de los 21 opositores encarcelados, inicialmente estuvo bajo arresto domiciliar, pero días más tarde se la llevaron a la cárcel, desde entonces sus familiares no saben donde se encuentra detenida. Julio Sandino Granera, su hijo, dijo que estarán informando a través de las redes sociales de lo poco que saben de su mamá y pidió ayuda para hacer viralizar la información para la “pronta liberación de mi madre y de las 129 personas que se encuentran ilegalmente detenidas”.
La abogada defensora de Cristiana Chamorro, Orieta Benavides, dijo en declaraciones al diario La Prensa, que la situación jurídica de Chamorro es la misma desde el día de su detención el pasado 2 de junio, se encuentra bajo arresto domiciliar y el proceso suspendido.
“No hemos tenido acceso al expediente, no conocemos la acusación formulada por el Ministerio Público”, afirmó.
El hermano de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) permanece también encarcelado bajo “investigación”.
ACxL tiene a dos aspirantes presidenciales y a dos de sus dirigentes encarcelados durante la última ola de detenciones.
Los otros detenidos tampoco tienen acceso a sus abogados, están en total indefensión, permanecen secuestrados por el régimen de Daniel Ortega.
