A dos meses y medio de los comicios presidenciales, en Nicaragua no se observa un ambiente de competencia entre candidatos porque los principales adversarios del dictador Daniel Ortega se encuentran tras las rejas.
Tampoco hay movilización del pueblo para elegir a sus próximas autoridades. Lo que impera en el país es un clima de terror y silencio impuesto por el régimen sandinista.
Un total de 33 opositores han sido detenidos durante la última oleada de persecución, la cifra podría aumentar debido a que continúa el desfile de opositores y periodistas por la Fiscalía que “investiga presuntos delitos de “lavado de dinero” y de “traición a la patria”. Ambos “delitos” son parte del paquete de leyes represivas que la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó a finales de 2020.
Algunos opositores han sido detenidos tras asistir a las “entrevistas” para las que fueron citados, es el caso del exembajador de Nicaragua en Costa Rica y directivo de Ciudadanos por la Libertad (CxL) Mauricio Díaz, quien fue detenido con violencia el pasado 10 de agosto, desde entonces su familia no tiene información de él. Una situación similar enfrentan el resto de opositores encarcelados.
Los aspirantes presidenciales presos son Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Noel Vidaurre. Berenice Quezada, la candidata inhibida de CxL a la vicepresidencia de Nicaragua, enfrenta juicio penal en libertad.
A los 33 detenidos el régimen les ha dictado 90 días de prisión preventiva, no les ha permitido acceso al derecho de la defensa y tampoco visitas de sus familiares, quienes desconocen el estado en que se encuentran.
Chamorro Barrios, hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), acusada por el régimen de supuesta «gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua» a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, cumplirá el próximo 31 de agosto los 90 días de prisión preventiva impuesta por el régimen.
Fue la primera de los siete aspirantes detenidos por la dictadura sandinista el pasado 2 de junio.
A pocos días de vencer el término establecido por la dictadura contra Chamorro, la abogada Orieta Benavides no ha tenido acceso al expediente del caso, así lo revela hasta el momento de esta publicación el sistema electrónico de la Corte Suprema de Justicia.
Benavides ha solicitado entrevista con su cliente y acceso al expediente, pero las autoridades han ignorado las peticiones. Tampoco el expediente refleja hasta ahora documentación del supuesto delito ni “avances” del proceso de “investigación”.
“A Cristiana Chamorro se le ha violentado el debido proceso, está en indefensión al no tener su abogada acceso al expediente para establecer una estrategia a favor de su cliente”, dijo un abogado consultado sobre el tema que prefiere omitir su identidad para evitar represalias.
“El proceso ha caído en una violación flagrante a los derechos humanos del acusado y al debido proceso porque la Ley establece que toda persona tiene derecho a una defensa ya sea privada o asignada por la defensoría pública. Si no se le ha permitido a la defensa tener acceso al expediente y entrevistarse con su cliente, el procesado está en absoluta indefensión, está en manos de la justicia aplicada a conveniencia de Ortega”, subrayó el letrado.
De acuerdo con el abogado, el Ministerio Público debería haber integrado información de las supuestas evidencias en el expediente, “pero pueden alegar que no lo han hecho porque se trata de un proceso complejo y tienen hasta 90 días para realizar la investigación y que van integrar las evidencias en un solo paquete”.
Para cuando se cumpla el término de los 90 días, el máximo de prisión preventiva, la Fiscalía deberá presentar la acusación y el juez debe ordenar la audiencia preliminar del caso. Hasta entonces se podría conocer cuáles son las supuestas evidencias, o bien dejar en libertad al acusado por falta de pruebas, sostiene el abogado.
La Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y sus aliados hizo una enmienda en febrero pasado al Código Procesal Penal a solicitud expresa del dictador Daniel Ortega. La nueva legislación amplía el plazo de “investigación” de 15 a 90 días.
Anteriormente el plazo de investigación era de 48 horas.
