Por estos días es frecuente leer las siglas COVAX cuando se busca información sobre la covid-19 y, sobre todo, cuando se quiere saber sobre los programas de vacunación que se están aplicando en los distintos países del mundo para tratar de ponerle coto a una enfermedad que acaba de cumplir oficialmente su primer año de edad como pandemia declarada, dejando a su paso casi 120 millones de contagios y más de 2 millones 600 mil muertos en todo el planeta.
COVAX es una iniciativa para distribución de vacunas apalancada fundamentalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su programa Acelerador ACT (que conjuga a las economías más prósperas del mundo y a la industria farmacéutica en la búsqueda de innovaciones científicas para combatir al virus), la alianza GAVI para las vacunas y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI). El mecanismo busca, al menos en teoría, que en los países más pobres del mundo al menos una parte de su población pueda tener acceso a la distribución equitativa de dosis de vacunación, como lo adelanta el significado de sus siglas en inglés: Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX).
Se trata, en todo caso, de una metodología bajo la que se espera distribuir unas 2000 millones de dosis durante todo el 2021, con miras a vacunar al 20% de la población de cada uno de los países que serán receptores del programa. COVAX no es per sé un asunto gratuito: de 187 países que integran la primera fase del mecanismo, se prevé que quizá solo unos 90 tendrían la posibilidad de acceder a una porción de vacunas gratuitas, debido a que se trata de naciones con economías muy pequeñas o con grandes precariedades materiales. Los países restantes de alguna manera han pagado o deben pagar dinero a COVAX como contribución al desarrollo del programa en cuestión.
Por ejemplo, en América Latina se ha determinado que los únicos países que recibirán vacunas COVAX sin tener que aportar un solo centavo son: Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Los 27 países restantes de la región han hecho o deberán hacer aportes monetarios para poder recibir su cuota de vacunas COVAX, si es que así lo desean.
Tal es el caso de Venezuela, país que hasta esta fecha no ha hecho el pago inicial de 18 millones de dólares que le corresponde efectuar ante los organismos internacionales para poder recibir su cuota asignada de las dosis. A principios de marzo circuló una lista en la que se hablaba de las primeras vacunas que serían enviadas a América Latina bajo el programa, teniendo a Colombia y Perú como sitios de llegada inicial de las mismas. En la lista de países receptores posteriores también figuraban Argentina, Brasil, México, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Venezuela brillaba por su ausencia.
De acuerdo con el director Ejecutivo de GAVI, Seth Berkley, “Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros”. Curiosamente los dos países de la región que destacan por no haber recibido aún dosis provenientes de COVAX son Cuba y Venezuela. El primero porque sencillamente decidió autoexcluirse del mecanismo, sin más. Y el segundo porque probablemente a la fecha no ha honrado el pago correspondiente que debe realizar para acceder a las vacunas.
En medio de la compleja situación política planteada en territorio venezolano, representantes de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó han establecido desde febrero pasado una suerte de esfuerzo conjunto para procurar crear un plan de vacunación en el país. La iniciativa ha sido bautizada como “Mesa Nacional” y ha celebrado algunos encuentros desde entonces. Sin embargo, la principal piedra de tranca, al menos en lo que respecta al programa COVAX, sigue siendo el impago en el que ha metido Maduro a Venezuela con respecto a los compromisos atinentes a este programa de la OMS.
En medio de ello el tirano chavista ha acudido a la típica retórica que busca justificar el retraso amparándose en el hecho de que las sanciones de Estados Unidos y otros países del mundo le han impedido acceder y movilizar el dinero necesario para hacer los pagos internacionales.
Sin embargo, el propio Maduro ha dicho en días recientes que gastó 200 millones de dólares en la compra de 10 millones de vacunas rusas Sputnik V para comenzar el proceso de vacunación en Venezuela. Un plan, por cierto, muy criticado por la población venezolana dado que se conoció públicamente que el sector militar (quizá el fundamental para mantener la hegemonía chavista en Miraflores por estos días) sería uno de los primeros en vacunarse.
Por su parte, Juan Guaidó ha insistido en la idea de usar fondos congelados en el exterior – específicamente en los Estados Unidos– para hacer los pagos que permitan que Venezuela entre lo más rápidamente posible en las asignaciones de COVAX. Expertos del área médica que le respaldan han señalado que de hacerse las cosas bien Venezuela podría estar recibiendo sus primeras dosis en mayo. Sin embargo, la capacidad efectiva de Guaidó para tomar decisiones de gobierno es absolutamente nula. Para la concreción de esta aspiración se requeriría del aval de Maduro, quien maneja el sistema de Salud Pública y toda la burocracia relativa a éste en la nación sudamericana.
COVAX luce como una iniciativa loable. Pero al menos en el caso venezolano presenta tremendos problemas de ejecución debido al conflicto abierto en la disputa por el poder que se plantea en el país: por una parte un tirano obstinado en hacer las cosas a su modo, sin importar cuántas vidas quedan amenazadas de aquí a que realmente comience un verdadero plan de vacunación nacional con garantías, y por la otra alguien que puede tener muy buenas intenciones, pero que no cuenta con ninguna capacidad de poder real para imponerlas en el terreno fáctico. Y en el medio una población que ya antes de la pandemia estaba agobiada por una crisis humanitaria compleja, y a la que ahora le tocará seguir haciendo malabares para defenderse de esa desgracia que desde hace un año llegó para cambiarnos la vida: el virus chino.
