Ocho de los altos mandos de las FARC, algunos de los cuales forman parte del partido surgido tras la desmovilización del grupo terrorista de ultraizquierda, han sido acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
La acusación es por su responsabilidad en cerca de 21.400 «privaciones graves de la libertad», cometidas entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de los mismos, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002.
«Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes», dijo la magistrada Julieta Lemaitre al leer un comunicado de la JEP.
La magistrada afirmó que también se imputó a los antiguos miembros del máximo órgano de dirección de las FARC otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Los líderes de las FARC tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones, según la JEP. En caso de aceptar las imputaciones pueden recibir entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, que puede incluir trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos. Pero en caso de rechazarlas, se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
Entre los señalados está el secretario general del partido, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y otros cinco representantes del partido, como Pastor Alape; Jorge Torres, alias ‘Pablo Catatumbo’; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’; y Jaime Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’.
Tras la acusación, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha aprovechado la coyuntura para cargar contra los ahora senadores de Comunes, para quienes ha pedido sanciones «efectivas» y «proporcionales» y evitar así, «el doble rasero» que se ha estado permitiendo con ellos. «No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus escaños con condenas por crímenes de lesa humanidad», ha considerado.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido en 2016 con las mismas siglas de la organización terrorista –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hizo esta semana oficial su cambio de nombre por Comunes.
El cambio se produjo por la «carga negativa» y el «estigma» del nombre tras el uso extensivo que los comunistas hicieron de las matanzas, asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, etc, que causaron la muerte al menos a 200.000 personas, además de 45.000 desaparecidos.
