Un nuevo conflicto ensombrece la participación de un sector de la oposición en las elecciones presidenciales. El Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica del Partido Conservador y del Partido Restauración Democrática (PRD).
En el caso de la agrupación conservadora, la autoridad electoral sandinista determinó remover su personería después de que notificara su decisión de no participar en las elecciones por considerar que faltan condiciones para que sean realmente justas.
La cancelación de la personería jurídica al PRD –de corte evangélico–, se dio tras la impugnación realizada por un grupo de pastores ante el CSE en la que argumenta que la agrupación política se salió de los principios cristianos al hacer alianza con “personas que no son compatibles”.
“Ante tales hechos impugnamos las reformas realizadas por el PRD como la suscripción de cualquier tipo de alianzas con personas que son contrarios a los valores del partido”, argumentó el grupo evangélico.
El PRD hizo alianza con la Coalición Nacional que aglutina a sandinistas disidentes y a movimientos de izquierda que defienden el “derecho al aborto terapéutico” y la agenda de la diversidad sexual.
La cancelación significa que el partido no podrá participar en los comicios presidenciales.
Saturnino Cerrato, pastor evangélico y representante del PRD, dijo a los medios de comunicación que esta medida es un mecanismo del Frente Sandinista para eliminarlos.
A través de sus acciones Ortega decide quien participa o no en los comicios presidenciales. El dictador ha aprobado leyes para inhibir candidatos, impedir la recepción de fondos externos para campaña electoral, reprimir y encarcelar opositores.
Todo indica que el tirano se postulará a su cuarta reelección durante la segunda dictadura sandinista, en el poder desde enero de 2007.
Cerrato dijo en una entrevista a Canal 10, en Nicaragua, que las personas que impugnaron no son miembros de su partido y que la información que tiene es que pertenecen a las “comisiones de paz” del Frente Sandinista.
El PRD ha mantenido acciones ambiguas, pues mantuvo conversaciones con la derechista Alianza Ciudadana por la Libertad para firmar un acuerdo de unidad electoral; pero este pacto no se concretó debido a que los estatutos del PRD establecen que solo una convención partidaria puede aprobar alianzas.
Los representantes del partido omitieron esa información durante las negociaciones y solo se conoció hasta después que se venció el término de suscripción de alianzas establecidos por el CSE.
La Alianza Ciudadana por la Libertad sí logró registrarse –una hora antes de vencerse el término establecido–. Por ahora es la única alianza opositora debidamente inscrita, pero su participación en los comicios no está definida pese a que continúa el proceso de organización, dijo a La Gaceta la representante del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey.
La convención del PRD se realizó el sábado 15 de mayo, tres días después del cierre de inscripción en el CSE. Tras su convención, el PRD firmó alianzas con la Coalición Nacional. 72 horas más tarde de esa convención el partido fue decapitado por el tribunal electoral de Ortega.
La única salida que le quedaría al PRD y la Coalición Nacional es aliarse con la Alianza Ciudadana por la Libertad o promover el abstencionismo como hizo el sandinismo disidente en el 2016, una estrategia que terminó beneficiando a Ortega, según analistas.
Abstención es promover continuidad
Recientemente, el precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana por la Libertad Arturo Cruz, dijo que la reforma electoral y la designación de magistrados afines al sandinismo que realizó recientemente el régimen de Daniel Ortega en la Asamblea Nacional, evidencia el tipo de presión que ha decidido ejercer sobre la oposición, pero a su juicio, es necesario dar la “batalla aún en circunstancias tan difíciles”.
En un análisis publicado por Cruz sobre las condiciones políticas en Nicaragua, se refirió lo que a su juicio son dos grandes narrativas: los que argumentan que no existen condiciones para participar en los comicios, y los que apuestan por dar la batalla en medio de circunstancias totalmente adversas para la oposición.
A criterio de Cruz, un académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), los sectores que llaman al no voto, lo que define como “abstencionismo claudicante” son los que promueven la continuidad del régimen de Ortega.
“Los sectores que se oponen a las elecciones, que llaman a la abstención, que dicen que los números no dan, que hablan de dispersión del voto, son realmente los mayores promotores de la continuidad del régimen. En esa narrativa que pretenden instalar, hacen un llamado al inmovilismo político, a la rendición, a la desesperanza. Lo que no entienden algunos de estos voceros, es que la unión real se construye desde abajo, no desde los caprichos o desde las imposiciones”, acotó.
Cruz añadió que los estudios de comportamiento electoral en Nicaragua demuestran que la mayoría de los indecisos deciden su voto cuando están definidas las candidaturas, las casillas y los programas de gobierno; que los electores quieren escuchar propuestas; y que, sin abstención, es posible ganar y de manera abrumadora.
En términos similares a los de Cruz se pronunció la hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, quien a través de un comunicado dijo que el “pueblo tiene el poder para derrotar a Ortega”. Tras la propuesta del Partido Restauración Democrática (PRD) para que ella ocupara su candidatura, Chamorro dijo que «no dividiría el voto”.
Tras la cancelación de la personería jurídica, Chamorro condenó la acción del régimen en su cuenta en Twitter.
Arturo Cruz, dijo que “la cancelación de la personería jurídica del PRD, es una muestra tangible de la arbitrariedad que caracteriza a un CSE que responde a intereses partidarios del FSLN. Mi condena total a esta medida autoritaria”, escribió en Twitter.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad rechazó y condenó la arbitraria cancelación de la personalidad jurídica del PRD mediante una resolución emitida sin observar el debido proceso.
La intempestiva cancelación de un partido político pocos días después de convocadas las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021, lesiona gravemente el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado los procesos electorales durante más de una década.
