Ortega prepara el fraude: represión, presos políticos y opositores excluídos

SE PREVÉ QUE ORTEGA SEA EL CANDIDATO DEL SANDINISMO, COMO SIEMPRE DESDE 1984

Aunque la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que establece mayo próximo como la fecha límite para la implementación de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en Nicaragua, de ese “avance” nada se sabe, pero una fuente dijo a La Gaceta que no habrá reformas electorales, al menos no sustanciales, y que el oficialismo se prepara para mantenerse en el poder.

El régimen de Daniel Ortega ha ignorado a los partidos políticos para consulta de las reformas, generando un panorama sombrío para los comicios presidenciales del 7 de noviembre, a lo que suma la represión y más de 120 presos políticos.

El documento Resolución restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, aprobado el 21 de octubre de 2020, pide a Ortega reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen “técnico independiente” del proceso electoral a “no más tarde de mayo del 2021”.

Hasta ahora solo dos funcionarios del oficialismo se han referido al tema de las reformas electorales, el diputado Wilfredo Navarro y el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, ambos aseguran que sería de “orden técnico”, sin ofrecer mayores detalles por lo que se desprende que la “discusión” no abordaría las reformas a las estructuras del CSE, ni la observación electoral internacional. 

Arce dijo que Ortega expresó que se discutirá una reforma a la Ley Electoral con las diferentes fuerzas políticas y que sería antes del mes de mayo. “No porque lo diga la OEA, sino porque son los plazos normales de un proceso electoral”, afirmó Arce el 22 de diciembre de 2020 al canal VOSTV. Dos meses después de esa declaración se desconoce si hay avances en la materia, ningún partido ha sido convocado.

El régimen de Daniel Ortega rechazó en ese entonces la resolución alegando que violenta la soberanía e irrespeta las decisiones internas.

Una fuente del oficialismo que pidió no ser identificada por razones de seguridad dijo a La Gaceta, que no habrá reformas, al menos no las que demandan la comunidad internacional y la oposición en Nicaragua.

“Para que haya reformas electorales se tendría que eliminar todo el montaje del tendido electoral que ya se activó desde el día 11 de enero. Se está trabajando en la confirmación de los puestos de mando en cada distrito del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional] de Managua y los departamentos para coordinar la confirmación de los lugares que reemplazan a los fiscales de los partidos zancudos que participaran en la legitimación del fraude electoral”.

La fuente reveló que la orientación de Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, es reunirse cada fin de mes en asambleas políticas para continuar con la planificación de la organización y completar los fiscales de los partidos “zancudos” [aliados de Ortega] que van a participar en las elecciones.

Las fotografías de las llamadas “asambleas políticas” que trabajan en el tendido electoral partidario revelan la participan funcionarios de las instituciones del estado y de la Policía Nacional, pese a que la Constitución declara que la institución del orden debe ser “apolítica”.

La fuente asegura que los partidos “zancudos” serán los que van a participar en el “diálogo que les prometió Ortega para después de las elecciones y recibirán su retribución por legitimar el proceso electoral que permitirá que los Ortega Murillo continúen en el poder”.

El analista político Bosco Matamoros, asegura que la información que ha conocido extraoficialmente es que serán reformas “técnicas”.

La estrategia del régimen ha sido manejar la situación a través de una dinámica unilateral, es decir, ignorando las demandas que está presentando la oposición nicaragüense y otros sectores.

“Las reformas electorales son necesarias para que se respete la voluntad popular para que no se sigan robando el voto, para hacer esa reforma aún hay tiempo porque solo son reformas a la Ley electoral, no son reformas a la Constitución, son procesos administrativos que son sencillos, pero requieren de voluntad política, y corrigiendo las malas prácticas de las autoridades electorales que actúan en contra de lo que dice la Ley, eso es lo que realmente se necesita”, dijo recientemente la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey a Diario las Américas.

Por su parte, la Coalición Nacional creada tras la rebelión de abril de 2018 y que agrupa a exaliados de Ortega y la extrema izquierda, dijo que el régimen se niega a realizar reformas electorales.

“Quiere ir a las votaciones bajo sus propias reglas y elegir a sus oponentes. Seguiremos presionando en todos los niveles para lograr un ambiente donde se respete la decisión del soberano, que sea el pueblo quien elija a sus gobernantes”, publicó a través de las redes sociales.

Ortega y Murillo

Aunque Daniel Ortega no ha oficializado su candidatura, a lo interno y fuera de su partido dan por hecho que será el candidato. El caudillo sandinista, cumpliría 76 años, cuatro días después de las elecciones.

Y es que el Frente Sandinista nunca ha postulado otro candidato que no sea Daniel Ortega desde 1984.

Ortega gobernó durante la primera dictadura sandinista de 1979-1990. Los primeros cinco años fue el coordinador de la llamada “Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional” y posteriormente como presidente de Nicaragua.

Actualmente lleva en el poder 14 años consecutivos.

“La orientación que hay del tendido electoral es apoyar la reelección del comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo para que en esta elección quedé definida la transición de Murillo y seguir con el mismo sistema de fraude electoral”, acotó la fuente.

Desde las elecciones municipales de 2008 Ortega ha sido denunciado de fraude electoral. La oposición denunció que el fraude en el 2016 fue a través del llamado ratón loco, que es la manipulación del padrón electoral para trasladar a una Junta Receptora de Votos, que no le corresponde al votante, para impedirle prácticamente el sufragio, hasta el traslado de militares y policías a votar a municipios donde el FSLN corría el riesgo de no conseguir los votos requeridos.

Otra de las irregularidades denunciadas fue el “voto” de las personas fallecidas inscritas en el padrón electoral, la exclusión de electores que eran opositores, así como el traslado de votantes de otros municipios, entre otras irregularidades.

Deja una respuesta