Las manifestaciones de la noche del sábado en la ciudad de Lima se han cobrado dos víctimas mortales y varios heridos entre manifestantes y policías, según afirman varias fuentes oficiales y medios de comunicación peruanos.
Las marchas empezaron hace unos días tras la remoción del Gobierno de Martín Vizcarra por parte del Congreso a través de la moción de vacancia presidencial que el pleno aprobó con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones el pasado lunes. Los numerosos escándalos de corrupción vinculados a millonarios sobornos en construcción de obras públicas, y los peores resultados del mundo en la gestión de la pandemia en muertos y debacle económico, fueron los argumentos principales para que el Poder Legislativo invocara la causal de incapacidad moral permanente prevista en la constitución peruana, y que fue el medio por el cual el mismo Vizcarra asumió el poder luego que el anterior congreso censurara por la misma vía a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y este renunciara.
Martín Vizcarra fue director de campaña y vicepresidente de PPK, y contra quien recientemente se ha comprobado que conspiró. Al ser vacado Vizcarra el lunes y al no haber vicepresidente accesitario, asumió el gobierno el ex presidente del Congreso —y hasta ayer domingo— presidente del país Manuel Merino, quién confirmó la convocatoria de elecciones generales para abril del 2021.
Desde el primer día de las manifestaciones callejeras, varios grupos de extrema izquierda comunista como Movadef y Patria Roja, operadores políticos de formaciones terroristas como MRTA y Sendero Luminoso (protagonistas de uno de los periodos más sangrientos del Perú y que se estima se cobró la vida de más de 69.000 personas), han movilizado una potente campaña para una nueva Constitución, que unido a los manifestantes que apoyan a Vizcarra y sobre todo al numeroso movimiento popular de hartazgo de la población con la clase política en general, han hecho que la situación en estos días sea muy similar a la que se vivió en Chile, de caos y descontrol en las calles a manos de un grupo reducido de manifestantes que aprovechan las movilizaciones pacíficas para atacar a la Policía lanzándoles proyectiles y reducir sus cercos, a la par que destruyen patrimonio público y privados.
Y aunque la mayoría de los manifestantes proclaman “ni Vizcarra ni Merino”, su descontento esta siendo canalizado a través de una parece organizada propaganda de ONG y organizaciones globalistas que persiguen sus propios objetivos mientras se desestabiliza la frágil institucionalidad democrática que existe en este país hispanoamericano.
El presidente Merino, debido a la consternación de la población por las muertes de los dos jóvenes manifestantes, que la izquierda política y mediática ha utilizado como arma política, renunció ayer al mediodía, dando un paso al costado para que el Congreso vuelva a elegir una nueva mesa directiva donde el nuevo presidente del Congreso asuma como presidente del Perú hasta las elecciones en 2021. Pero surgen las dudas ya que Vizcarra se ha manifestado en contra de esta decisión, y ha exigido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la moción de vacancia que se presentó contra él, y por tanto le permitan volver al poder ya que el gobierno de Merino según su parecer fue ilegal e ilegitimo.
Esto último sería una sorpresa sobre todo para aquellas personalidades que alentaron las manifestaciones callejeras en plena prohibición de actos religiosos, deportivos y de toda índole, y que ahora lamentan la posibilidad de que vuelva a presidir el Poder Ejecutivo alguien cuestionado por la corrupción que denunciaban como es Vizcarra, quién paradójicamente sería el gran beneficiado del caos político y social vivido por estas manifestaciones.
Otros grandes beneficiados de estas protestas serían el reducido grupo de congresistas de izquierdas que votaron en contra de la vacancia y que se han erigido como los únicos legitimados para liderar la nueva mesa directiva. Hasta últimas horas de ayer, estos congresistas lideraban la única lista para la mesa directiva del congreso.
Si lograran imponerse ante una oposición mucho más numerosa pero muy debilitada por la propaganda que les acusa de las muertes de los dos jóvenes y de represión policial, probablemente sería la nueva presidenta Rocío Silva-Santisteban, una poeta y activista política, que se declara a si misma como “comunista gramsciana y feminista”, y que ha sido ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, una red de organizaciones y ongs que en algunas ocasiones fueron defensores de terroristas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El número dos en esta lista y posible presidente del Congreso sería Francisco Sagasti, político de izquierdas cercano al comunismo, ex funcionario del Banco Mundial, que reconoció que le había pedido un autógrafo a Néstor Cerpa, terrorista del MRTA, cuando fue rehén del mismo en la embajada de Japón en 1996.
