El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desentendido de las acciones del CNI afirmando que «el Gobierno ni conoce ni decide sobre los servicios de inteligencia». Una afirmación que ha repetido en varias ocasiones pese a que la ley que lo regula, el BOE del 07/05/2002, afirma lo contrario. En su artículo 2, en el que se establecen los Principios por los que se regula el CNI, afirma: «el Centro Nacional de Inteligencia actuará bajo los principios de eficacia, especialización y coordinación, de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno«.
El presidente también ha aprovechado su intervención en el pleno sobre el ‘caso Pegasus’ desde el Congreso de los Diputados para anunciar una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control, así como una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, del año 1968.
En este sentido, ha anunciado una «adaptación» de la ley que regula el CNI, del año 2002, para adaptarla a los nuevos retos, sobre todo los derivados de las nuevas tecnologías, «mientras sigue cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional». Se trata, según ha apuntado, «de mecanismos de control democrático».
Además, ha vuelto a prometer la reforma de la ley de secretos oficiales, ya incluida en los planes normativos del Gobierno de los dos últimos años. Sánchez ha asumido que esta medida es «fundamental e impostergable» para adaptar la norma a «los principios democráticos, constitucionales y los mejores y mayores estándares internacionales».
