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mientras petro se victimiza y denuncia amenazas en su contra

Fico denuncia que grupos criminales como el ELN y las FARC están obligando a los colombianos a votar a Petro

El candidato de 'Equipo por Colombia', Fico Gutiérrez. Reuters
El excandidato presidencial colombiano, Fico Gutiérrez. Reuters

La campaña de Gustavo Petro entregó al Gobierno colombiano las pruebas que alegan tener sobre un posible atentado en su contra y recibió, por parte de la Unidad Nacional de Protección, un esquema de seguridad aún más robusto y con especial atención en el acompañamiento a eventos masivos en los que participa el candidato presidencial.

Insisten en que personas cercanas al paramilitarismo, tal y como lo denunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estarían orquestando un plan para asesinar al líder del Pacto Histórico, especialmente el grupo conocido como “La Cordillera”, que opera en el Eje Cafetero. La Policía ha iniciado la investigación del caso, pues hasta el momento no tienen información de inteligencia al respecto, ni habían recibido denuncias en ese sentido.

No es secreto que Petro es uno de los colombianos más protegidos y lo ha sido desde la primera vez que llegó al Congreso de la República en 1991, incluso designado en un cargo diplomático en Bélgica en 1994, con el fin de garantizar su seguridad. Quienes sugieren que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición, olvidan que además de haber sido elegido a la Cámara de Representantes, al Senado y de haber sido alcalde de Bogotá; Petro es hoy senador de la República gracias al estatuto de la oposición, que en Colombia garantiza un escaño en dicha corporación al candidato a la presidencia que resulte segundo en la elección.

Como pocos, Petro ha logrado una carrera política exitosa desde que el grupo guerrillero al que pertenecía, el M-19 -responsable, entre otras, de la toma del Palacio de Justicia en la que fueron asesinados los magistrados de las altas cortes en 1985-, se desmovilizó y transitó hacia la legalidad, siendo la segunda fuerza política más votada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Ha sido reconocido, incluso por sus más férreos opositores, como uno de los mejores congresistas, y esta es la tercera vez que aspira a la presidencia. Muchos insisten en que su labor parlamentaria de denuncia y crítica es necesaria, pero recuerdan los pobres resultados de su alcaldía y el caos en el que dejó la capital al terminar su Gobierno en 2015.

Mientras Petro denuncia amenazas en su contra e insiste en que si no gana la presidencia es porque hubo fraude y presión a los electores, el senador Gustavo Bolívar, cabeza de la lista de candidatos del Pacto Histórico a esa corporación, ha compartido un video en sus redes sociales en el que se ve a un grupo de personas cargando un ataúd, simbolizando un entierro. Al preguntarles a quien entierran, responden “a Fico y a Uribe”.

Ante las críticas de Gutiérrez, Bolívar respondió: “Quiere gobernar a Colombia y desconoce la idiosincrasia Caribe y convierte un acto alegre de carnaval en amenaza de muerte. Limitado mental”. Cabe pregunta cuál hubiese sido la reacción del Pacto Histórico si la escena incluyera un ataúd de Petro y del mismo Bolívar.

Agrava aún más el asunto las denuncias que llegan desde diferentes partes del territorio nacional donde, presuntamente, hay grupos armados alineados con la candidatura de Petro, tal y como lo denunció Gutiérrez al expresar que “vemos con mucha preocupación, cómo en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro”.

No suena descabellado, pues, además de la visita de su hermano y de Piedad Córdoba -senadora electa por el Pacto Histórico- a las cárceles, con el fin de, presuntamente, acordar con políticos condenados su respaldo a Petro a cambio de un proceso de “perdón social” -que podría incluir rebaja de penas-, el ELN ha expresado que vería con buenos ojos un gobierno “progresista” con el que se podría sentar a negociar su desmovilización, algo que Petro sin duda ve con buenos ojos, pues insiste en que hay “causas estructurales” en el conflicto.

Así las cosas, mientras el Gobierno nacional ofrece más protección a Gustavo Petro, garantiza el derecho a la oposición y se ocupa de ofrecer todas las garantías para un proceso electoral libre y transparente; el Pacto Histórico arremete contra la candidatura de Gutiérrez y contra Uribe, a los que simbólicamente lleva en un ataúd, sin que los otros candidatos se escandalicen o exijan respeto.

Ahí está el meollo del asunto en Colombia. Petro no solo propone un cambio, sino abiertamente el fin del uribismo, de Fico y de todo aquél que se oponga al modelo estatista y contrario a la libre empresa que promueve. Tiene claro, y lo demostró cuando fue alcalde, que vía protestas, bloqueos y movilizaciones puede imponer su voluntad, esa en que una revolución puede y debe estar por encima de la ley vigente.

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