A pocas semanas de que venza el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para el cumplimiento de las reformas electorales, el régimen de Daniel Ortega hizo dos anuncios: la convocatoria para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y la “posibilidad” de reformas a la Ley Electoral.
Ambos procesos, de acuerdo con la Constitución, están a cargo del presidente y de la Asamblea Nacional donde Ortega tiene mayoría absoluta.
Lo anterior indica que los cambios reales para elecciones libres, transparentes y justas que demandan la oposición y la comunidad internacional, son poco probables debido a que las propuestas están a cargo de Ortega y del poder legislativo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, un leal a Daniel Ortega y sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el contexto del estallido social de abril de 2018, anunció la creación de la comisión especial de carácter constitucional para “revisión” y “consulta” de los aspectos electorales.
La Comisión está integrada por María Auxiliadora Corrales, Edwin castro, Irma Dávila Lazo, Jenny Martínez Gómez, Walmaro Gutiérrez, Rosa Navarro, y Mario Asensio Flores. Los seis primeros son militantes del FSLN, y el último es un aliado del partido sandinista que apoya excluir de la negociación de las reformas electorales a la oposición.
El anuncio del régimen aparenta estar en concordancia con la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 22 de octubre de 2020, que establece como plazo a más tardar mayo de 2021 la realización de reformas electorales, antes de que el Estado convoque a los comicios nacionales.
El documento de la OEA propicia la “modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable”, igualmente incluye la actualización del registro de votantes (padrón electoral) y las garantías a la observación electoral nacional e internacional.
Reformas al estilo sandinista
Porras dijo que la comisión “en su momento ratificará o modificará en el caso de que se presentaran reformas a la Ley Electoral, tal y como mandata la Constitución”.
“Las reformas a la Ley electoral deben ser presentadas con un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional para ser introducidas ya que se trata de una Ley Constitucional”, dijo Porras.
Lo anterior significa que se requiere de 30 legisladores para ese fin. El parlamento está constituido por 92 diputados, 71 son del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el poder. Mientras que las otras agrupaciones políticas, 21 en total, en su mayoría han sido aliadas de Ortega.
Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), lo tiene claro. “Conforme a la Constitución nicaragüense solo pueden proponer candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral el presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional, quienes son producto de la farsa electoral de 2016”.
En ese sentido sostiene que los partidos políticos sin representación parlamentaria como CxL, las organizaciones de la sociedad civil y los nicaragüenses están al margen del proceso conforme a la Ley.
“El proceso convocado por el presidente de la Asamblea Nacional será absolutamente ejecutado y controlado por el régimen y sus partidos colaboracionistas por lo cual dependerá de la voluntad política de Ortega el nombramiento de los magistrados electorales”, apuntó Monterrey.
Mientras el político Noel Vidaurre, representante de la agrupación Bloque Centro de Derecha, dijo que se desconoce cuántos magistrados va a cambiar el régimen sandinista, tampoco se conoce de las propuestas de candidaturas.
El CSE lo integran 7 magistrados propietarios y 3 suplentes. Actualmente está constituido por 5 propietarios y dos suplentes que son militantes del FSLN; un liberal propietario que se ha plegado al régimen y un suplente.
Una plaza está vacante, es la que ocupaba el ahora expresidente del CSE, Roberto Rivas, sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017 por corrupción y violación de derechos humanos.
Rivas era el encargado de garantizar los fraudes electorales a Ortega desde el 2008 hasta las últimas elecciones municipales de noviembre 2017, hechos documentados por la oposición y la comunidad internacional.
Vidaurre, que se postulará el domingo a la candidatura presidencial, estima que el anuncio indica que Ortega va a realizar las reformas electorales, pero duda que cumpla a cabalidad con las demandas de la oposición y la comunidad internacional. “Cuáles y cuántas no sé sabe”, afirmó.
Legitimidad y evitar sanciones
El político sostiene que el objetivo fundamental de Ortega “es ganar legitimidad a su gobierno ante la comunidad internacional y evitar sanciones porque sabe que su régimen esta desacreditado”, aseveró.
Senadores estadounidenses han introducido un nuevo proyecto de Ley de sanciones contra el régimen sandinista, conocido como “RENACER” con el propósito de promover la realización de elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre próximo.
La iniciativa persigue aumentar las sanciones coordinadas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, y la realización de los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua.
El candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), dijo a través de sus redes sociales que no aceptarían “reformas electorales cosméticas”.
Monterrey afirmó que su partido ha demandado que “la elección de magistrados se realice en un proceso de consulta amplia que garantice la elección de personas decentes y honestas y que no sean operadores políticos de los partidos” como ha ocurrido.
La propuesta de candidatos debería conocerse a finales de abril.
