'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
La dictadura bolivariana llegó a atentar contra su vida

Una venezolana perseguida y acosada por el chavismo se salva por el momento de ser expulsada de Perú

Un venezolano protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Reuters

La activista venezolana de derechos humanos Paulina Facchin, quien llegó al Perú hace once años huyendo del chavismo, no será expulsada de Perú luego que la Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso anular la resolución que ordenaba su deportación.

A través de un comunicado, el organismo indicó que tomó la decisión tras revisar el recurso administrativo presentado por Facchin.

Migraciones precisó que la nulidad de la orden contra Facchin obedece, entre otros aspectos, a que «al emitirse la resolución de expulsión no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario». «La actual gestión de Migraciones garantiza el respeto a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes», resalta el comunicado.

Perseguida política

En una entrevista -desde la clandestinidad- con la periodista Rosa María Palacios, Facchin recordó que decidió abandonar Venezuela por el acoso y persecución del chavismo, que incluso llegó a atentar contra su vida -hiriendo de bala a su hija-, y que la dictadura bolivariana continúo hostigándola en Lima, haciéndole seguimiento a ella y a su familia.

«En tierras peruanas, pese a estar lejos del régimen venezolano, yo he sufrido persecución, hostigamiento público, se han hecho las denuncias públicas. Yo he tenido a agentes del chavismo afuera de mi casa tomando fotos no solamente a mí, sino también a mi hija siendo menor de edad, y las publicaban en televisión nacional en Venezuela», manifestó.

Facchin contó que en 2018, por estar tanto tiempo viviendo en Perú -donde ha trabajado brindando sus servicios profesionales- solicitó la nacionalización, pero en 2020 recibió una notificación en la que se le denegaba por insolvencia moral.

Según la activista y abogada, Migraciones le dijo que había mentido en relación a su trabajo y que no tenía arraigo familiar, pese a que la propia entidad había entregado el carnet de extranjería a su hija y esposo. «Ha sido una constante, al mejor estilo chavista, de persecución arbitraria, no legal», agregó.

Por haber ayudado como abogada a sus compatriotas que huían de la miseria socialista, Facchin teme que Nicolás Maduro planea hacerla una presa política. «Por años Nicolás Maduro ha tratado de regresarme a Venezuela a través de diferentes formas, a través de hostigamientos. Entonces, Perú que es parte del Pacto de San José, me pretende devolver y entregar a las garras de Maduro. Yo estoy en la clandestinidad porque mi mayor temor es que yo sea entregada al chavismo y que yo me convierta, en vez de ser abogada ad honorem de refugiados y presos políticos, a formar parte del listado de presos políticos de cualquier cárcel de Venezuela”, advirtió la activista, quien no cuenta con pasaporte venezolano, pues le fue retirado por la dictadura en represalia por su activismo.

Así se ha acercado Perú a la Venezuela de Maduro

Perú retiró a su embajador de Caracas en marzo de 2017, durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, luego que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumiera las funciones de la Asamblea Nacional.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano declaró: «El Gobierno de Perú condena la decisión del TSJ de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la AN, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático».

En agosto del mismo año, Perú también expulsó de su territorio al embajador venezolano Diego Alfredo Molero, provocando que el chavismo hiciera lo mismo con el encargado de negocios de Lima en Caracas.

Desde ese momento, el Perú se convirtió en el centro del antichavismo en la región, firmándose en la capital peruana la «Declaración de Lima» en la que 12 países señalaban que Venezuela «ya no es una democracia» y descalificaban como «ilegitimas» las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, con la llegada del comunista Pedro Castillo al poder las relaciones diplomáticas entre la dictadura chavista y el nuevo régimen peruano -cuestionado por sus vínculos con la subversión comunista- se reestablecieron plenamente.

Cabe recordar que con Héctor Béjar en Palacio de Torre Tagle -sede de la Cancillería peruana-, Perú viró su política exterior a favor de las dictaduras de Cuba y Venezuela. De hecho, una de las primeras reuniones que tuvo Béjar -un exguerrillero entrenado en Cuba- apenas juró el cargo fue con Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Arreaza -que arribó a Lima para la investidura de Castillo- destacó en su momento que durante la reunión con Béjar abordaron la recuperación de las relaciones integrales entre Venezuela y Perú, “el comercio, políticas de atención a los migrantes y la necesidad de reforzar los mecanismos de unión en Nuestra América”.

En marzo de este año, luego de prácticamente un lustro de distanciamiento, la dictadura chavista formalizó las relaciones diplomáticas con el Perú con la entrega de las credenciales de su nuevo embajador en Lima, Alexander Yánez.

El designado por Castillo para la embajada peruana en Caracas, Richard Rojas, no pudo asumir el cargo luego que el Poder Judicial ordenara que se le impidiera la salida del país por estar investigado en el caso de lavado de activos por presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del partido oficialista Perú Libre.

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